Las nuevas declaraciones de Donald Trump volvieron a estremecer el escenario geopolítico latinoamericano. El mandatario estadounidense advirtió que cualquier país que produzca o trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”, una frase que no solo retoma su postura más dura contra Venezuela, sino que sugiere la posibilidad de extender acciones militares a otras naciones de la región. La afirmación encendió alarmas diplomáticas y dejó en evidencia el endurecimiento de la política antidrogas de Washington, en un contexto ya marcado por tensiones crecientes.
Durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca, Trump aseguró que “muy pronto” comenzarán ataques terrestres contra organizaciones criminales que, según su administración, operan dentro de territorio venezolano. El mandatario sostuvo que las fuerzas estadounidenses conocen “las rutas y los lugares donde viven” los presuntos narcotraficantes y que están listas para intervenir. Sus palabras llegan luego de una serie de operativos en aguas del Caribe y el Pacífico, donde ya fueron destruidas más de veinte embarcaciones acusadas de transportar drogas hacia el norte.
Pero lo que profundizó el impacto regional fue su sugerencia de que otros países también podrían quedar bajo la mira. Trump mencionó que “no solo Venezuela” envía cocaína a Estados Unidos y aludió directamente a Colombia como un productor reconocido. Esa insinuación fue suficiente para que el presidente colombiano, Gustavo Petro, saliera a responder con dureza y abriera un cruce diplomático inmediato.
En un mensaje público, Petro invitó a Trump a viajar a Colombia para presenciar la destrucción diaria de laboratorios clandestinos, destacando que su país desmanteló miles de instalaciones sin recurrir a estrategias militares de alto impacto. El mandatario colombiano fue más allá y advirtió que cualquier ataque a su territorio sería interpretado como una agresión a la soberanía nacional. “No dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, expresó, subrayando que Colombia ha sido uno de los países que más ha colaborado con Estados Unidos para frenar el avance del narcotráfico hacia el norte.
La disputa se sumó a los cuestionamientos surgidos tras un informe periodístico que reveló posibles irregularidades en uno de los primeros ataques de la operación “Lanza del Sur”, impulsada por el Pentágono. Según esa publicación, un segundo bombardeo habría sido ordenado para eliminar a los sobrevivientes de una embarcación atacada el 2 de septiembre, lo que podría derivar en una investigación por violación de normas internacionales. Consultado al respecto, Trump dijo que no tenía información directa y respaldó a los altos mandos militares involucrados, enfatizando que las acciones realizadas hasta el momento son “legales” y han salvado vidas estadounidenses.
Desde el Departamento de Defensa insistieron en que los operativos se enmarcan en normas internacionales y criticaron a la prensa que cuestionó la estrategia. Hegseth, titular de la cartera de Guerra, negó haber observado sobrevivientes durante el ataque y defendió la transparencia de la operación. La Casa Blanca reiteró su apoyo al almirante Frank Bradley, quien dirige las acciones.
Mientras tanto, gobiernos latinoamericanos observan con creciente inquietud el tono confrontativo de Washington. El posible inicio de ataques terrestres dentro de Venezuela no solo plantea un escenario de inestabilidad para ese país, sino que podría provocar repercusiones en toda la región. Analistas advierten que una intervención militar de esta magnitud podría generar efectos que exceden el campo de la lucha contra el narcotráfico y reconfigurar alianzas, flujos migratorios y dinámicas económicas en sectores sensibles.
En el corazón del debate aparece una discusión histórica: el rol de Estados Unidos en la política antidrogas latinoamericana y el impacto que sus decisiones tienen en los países productores y de tránsito. Las declaraciones de Trump reviven la lógica de las intervenciones unilaterales, un enfoque que ha generado resistencias en distintos gobiernos sudamericanos, especialmente en aquellos que buscan reforzar su autonomía frente a la influencia norteamericana.
Colombia, por su parte, enfrenta un dilema complejo. Aunque su cooperación con Estados Unidos ha sido sostenida durante décadas, el gobierno de Petro viene impulsando una revisión profunda de la estrategia antidrogas, apuntando a una política menos militarizada y más enfocada en soluciones sociales. La advertencia de Washington, por lo tanto, no solo impacta en el plano diplomático, sino también en el debate interno colombiano sobre cómo abordar la producción de cocaína y la presencia de organizaciones criminales.
Venezuela continúa como epicentro del conflicto. El gobierno de Nicolás Maduro ya había denunciado incursiones estadounidenses en su espacio aéreo y marítimo, y considera que cualquier acción terrestre constituiría una agresión abierta. La posibilidad de que Estados Unidos avance en ese sentido aumenta el riesgo de una confrontación con consecuencias impredecibles para el orden regional.
El nuevo capítulo abierto por las declaraciones de Trump no parece destinado a cerrarse pronto. Con posiciones cada vez más firmes de ambos lados y con un escenario internacional marcado por la competencia entre potencias, América Latina se encuentra ante un desafío político y diplomático de gran envergadura. La región deberá equilibrar la necesidad de combatir el narcotráfico con el objetivo de evitar una escalada militar que podría alterar su estabilidad.
En este contexto, los próximos meses serán clave para medir hasta dónde está dispuesto a avanzar Estados Unidos con su ofensiva y cómo responderán los países involucrados. La tensión ya está instalada y, por ahora, no hay señales de que el conflicto vaya a disminuir.
