El Concejo Deliberante de Salvador Mazza está en el ojo del huracán por un caso que compromete la integridad de una de sus concejales. Gladys Mabel González, una figura conocida en la política local, habría presentado un título secundario falso para acreditar estudios que nunca realizó. La maniobra, que incluye el uso de la identidad de otra persona, no solo pone en duda su idoneidad, sino que genera un fuerte rechazo en la comunidad.
La investigación, que destapó irregularidades en el legajo de González, señala que el título secundario con número de registro 24071 no le pertenece. Según datos verificados, ese documento auténtico corresponde a Rosa Agüero, una docente de El Galpón, en el departamento Metán. Lo más grave es que González habría modificado los datos personales para hacerlo pasar como propio, una acción que califica como falsificación de documento público.
El caso no se limita al ámbito político. Fuentes del Ministerio de Educación de Salta confirmaron que no existe ningún registro de que González haya completado sus estudios secundarios en ninguna institución educativa de la provincia. Ni en bases de datos oficiales ni en legajos escolares aparece su nombre como egresada, lo que desmiente cualquier versión sobre su formación académica.
La concejal también habría utilizado el mismo título trucho para inscribirse en la carrera de Enfermería Profesional en un instituto vinculado al gremio ATSA. Este dato agrava la situación, ya que demuestra que la maniobra no fue un error aislado, sino una práctica reiterada en distintos trámites formales. La confianza en las instituciones públicas queda seriamente cuestionada ante este tipo de conductas.
En Salvador Mazza, el escándalo ha generado un clima de indignación. Los vecinos no pueden creer que una representante electa haya recurrido a la suplantación de identidad para ocupar un cargo público. “Esto es una cachetada a todos los que luchamos por el mérito y la transparencia”, comentó un comerciante local, reflejando el sentir de muchos en la ciudad fronteriza.
La Comisión Investigadora del Concejo Deliberante ya emitió un dictamen contundente. Según el informe, las acciones de González encuadran en la “inhabilidad moral sobreviniente”, prevista en el artículo 183 de la Constitución de Salta. El organismo recomendó iniciar un juicio político, un paso que podría derivar en su destitución.
Sin embargo, el proceso está estancado. La última sesión del período legislativo de 2025 cerró sin que se votara la suspensión de la concejal, dejando el caso en un limbo jurídico. Este retraso alimenta las sospechas de algunos sectores que cuestionan la voluntad política para avanzar con las sanciones.
El caso de Gladys Mabel González no es solo un problema de una concejal, sino un reflejo de los desafíos que enfrenta la política salteña para recuperar la confianza ciudadana. En un contexto donde la transparencia es una demanda ineludible, este tipo de escándalos refuerza la necesidad de controles más estrictos sobre los antecedentes de los candidatos. Mientras tanto, en Salvador Mazza, los ojos están puestos en lo que decidirá el Concejo Deliberante en su próxima sesión.
