La rebaja de los precios de los combustibles en mayo sorprendió a los usuarios, que aguardan con expectativa qué es lo que harán las compañías del sector para fijar los nuevos valores de venta a partir de junio.
Se trata de una decisión que, además de prestar atención a la evolución del precio internacional del petróleo, tendrá puestas las miradas en qué resolverá la Secretaría de Energía con los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.
Las dos variables pasaron a ser las principales dentro del conjunto de cuatro, ante la estabilidad de la cotización del dólar y una incidencia menor de las variaciones que Energía podrá autorizar para el precio de los biocombustibles.
Desde el flanco del precio del crudo, las noticias son alentadoras para los usuarios (no tanto para los exportadores), ya que el barril del Brent continúa con su recorrido descendente, pasando de un valor promedio de USD 79,27 en enero a USD 75,44 en febrero, USD 72,73 en marzo y USD 68,13 en abril, una tendencia declinante que fue determinante para que en mayo YPF -y luego el esto de las empresas del mercado- resolviera una disminución promedio del 4,7%, parcialmente revisada días después tras el incremento del biodiésel y el bioetanol.
Los impuestos
Esa caída en los precios internacionales del crudo continuó en mayo, que muestra sobre el final del mes un promedio de USD 64,38. Si bien la baja en la cotización es similar a la registrada en abril, queda por resolver uno de los aspectos más espinosos de los últimos años en el mercado de combustibles, como es la aplicación de los impuestos al sector.
Los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono no son porcentajes sino sumas fijas que se ajustan con periodicidad trimestral en base a la inflación.
Pero esas variaciones se interrumpieron en mayo de 2022, cuando el entonces presidente Alberto Fernández resolvió la primera de seis postergaciones trimestrales en la aplicación de los aumentos en las alícuotas, una decisión que se extendió hasta diciembre de 2023.
Como esa medida no consistía en una derogación de los incrementos sino en una postergación, las sumas pendientes se fueron acumulando de manera tal que su aplicación de una sola vez hubiese significado un aumento desmedido de los precios de venta final de las naftas y el gasoil.
Las dos estrategias de Milei
Esa situación intentó ser subsanada en el inicio de la Presidencia de Javier Milei, con aplicaciones parciales de los aumentos pendientes, pero en mayo del año pasado el Gobierno modificó su estrategia, dejó de aplicarlos y, en algunos casos, tampoco habilitó los ajustes correspondientes al período vigente.
Tal fue el caso de mayo, en el que coincidieron la baja del precio del Brent y la decisión de Energía de no aplicar el recupero para “sostener la estabilidad de precios en un contexto de desaceleración inflacionaria y consolidación macroeconómica, priorizando el alivio para los consumidores sin afectar la competitividad del sector energético”.
Cuánto inciden los impuestos
El gobierno podría proseguir con la postergación de los aumentos impositivos, de manera tal de reforzar el propósito de desacelerar la inflación y en línea con su postura proclive a la eliminación o rebaja de tributos.
El aspecto fiscal
Esos números alterarían cualquier política anti inflacionaria, pero la postergación de los aumentos no es gratuita: Arceo advirtió recientemente que el retraso en los impuestos a los Combustibles es equivalente a la mitad de todos los subsidios que el Estado nacional destina al sector energético.
Al respecto, el especialista precisó al portal especializado Econojournal que no por actualizar el Impuesto a los Combustibles Líquidos se dejó de recaudar USD 2.400 millones en 2024 y ya se perdieron USD 600 millones en el primer trimestre de este año.
En ese contexto, el impacto de los impuestos a los Combustibles, tanto en la inflación como en el superávit fiscal, dominará la agenda oficial en lo que resta del año y posiblemente se prolongue hasta 2026.
Pero esa eventual decisión choca con uno de sus objetivos principales, como es la consolidación del superávit fiscal, que este año deberá ser del 1,6% del PBI.
En medio de ese dilema, la danza de números está a la orden del día: Nicolás Arceo, de la consultora Economía & Energía, sostuvo que si se aplicaran los aumentos pendientes y se alinearan los impuestos con la normativa vigente, el incremento llegaría al 84%, con una incidencia en el precio final estimada por el analista Cristian Bergmann en un 15%.
