El Gobierno de Bolivia declaró prioritaria la reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado. La medida alcanza a 67 entidades y forma parte del programa de ajuste fiscal impulsado por el presidente Rodrigo Paz.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto Supremo 5727, que fija un procedimiento para determinar el futuro de cada empresa. El Gobierno aclaró que la medida no implica el cierre automático de todas las entidades alcanzadas.
Según la evaluación oficial, al menos 20 empresas atraviesan una situación considerada crítica. De las 67 entidades analizadas, 42 son completamente estatales y 25 cuentan con participación privada, aunque el Estado mantiene el control mayoritario.
El diagnóstico será revisado por los organismos encargados de evaluar el funcionamiento y la situación financiera de las empresas públicas. A partir de ese análisis se definirá si corresponde avanzar con una reorganización, una disolución o una liquidación.
La revisión alcanza a compañías vinculadas con sectores estratégicos, entre ellas empresas de telecomunicaciones, energía e hidrocarburos. Parte de estas entidades fueron creadas o recuperadas por el Estado durante las últimas dos décadas.
La medida profundiza el proceso de ajuste anunciado por el Ejecutivo boliviano en septiembre, cuando anticipó que analizaba el cierre de empresas públicas deficitarias para reducir el gasto estatal. El futuro de cada compañía dependerá de su situación económica y financiera.
En paralelo, el Gobierno puso en marcha un nuevo programa destinado a renovar los vehículos del transporte público y acelerar la conversión de unidades que utilizan diésel a Gas Natural Vehicular (GNV).
El programa, denominado PATRIA, fue creado mediante el Decreto Supremo 5726 y contempla mecanismos de financiamiento para conductores del transporte federado, libre y cooperativo. El objetivo es facilitar la compra de nuevos vehículos y promover el reemplazo de unidades que funcionan con diésel.
Una de las principales características del plan es que los beneficiarios podrán devolver el financiamiento de manera progresiva a través del consumo de combustible. Para eso se implementará un sistema informático conectado con las estaciones de servicio.
La iniciativa se pone en marcha después de la decisión del Gobierno de retirar la subvención estatal al diésel, medida que provocó un fuerte aumento del precio del combustible y generó rechazo entre los sectores del transporte.
Los sindicatos de choferes anunciaron un repliegue nacional de vehículos para el lunes 28 de septiembre y advirtieron que podrían profundizar las medidas de protesta si no se modifica el nuevo esquema de precios.
El programa PATRIA también contempla la conversión de vehículos a GNV, el mantenimiento de los equipos y la reposición de cilindros. La nueva entidad encargada del plan dependerá del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Con estas medidas, el Gobierno boliviano busca reducir el gasto público, revisar el funcionamiento de las empresas estatales y, al mismo tiempo, avanzar en una reconversión del transporte frente al nuevo escenario de precios de los combustibles.
