Fernando Cerimedo, exasesor político de Javier Milei, declaró ante la Justicia de Bolivia en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y dio detalles sobre sus ingresos, sus empresas y su vínculo con el presidente boliviano Rodrigo Paz.
Durante la declaración, Cerimedo evitó responder más de 200 preguntas formuladas por la Justicia. Sin embargo, al ser consultado sobre su situación económica, aseguró que sus ingresos provienen de actividades legales vinculadas a sus empresas de marketing digital.
Según declaró, durante 2025 obtuvo ingresos cercanos al millón de dólares mensuales por actividades realizadas fuera de Bolivia. Para 2026, afirmó que la cifra era similar, aunque aclaró que correspondía a los ingresos de sus compañías en el exterior.
Cerimedo se presentó como consultor político internacional con actividad en Argentina y Estados Unidos. Detalló que en ese último país posee Numen Group Inc., una empresa creada en 2021, mientras que en Argentina cuenta con Numen de Publicidad, que tiene 35 empleados, 12 clientes y dos sucursales.
También mencionó una academia dedicada a cursos de tecnología y gestión de proyectos, una productora audiovisual y otras sociedades en las que participa. Según explicó, varias de esas empresas actualmente no tienen actividad.
El exasesor de Milei señaló además que comparte la propiedad de sus empresas con su esposa, Natalia Basil, salvo la compañía radicada en Estados Unidos.
En relación con Bolivia, Cerimedo sostuvo que no posee sociedades ni empresas a su nombre en ese país. Explicó que buscaba instalarse allí y desarrollar un proyecto relacionado con el marketing.
Su vínculo con Bolivia comenzó, según su propio relato, en 2024, cuando realizó un primer viaje financiado por él mismo. Luego regresó durante 2025 y 2026, aunque no precisó cuántas veces ingresó al país.
También se refirió a su relación con Rodrigo Paz y a su participación durante la campaña presidencial. Cerimedo aseguró que únicamente brindó asesoramiento y consejos vinculados con comunicación digital.
Además, negó haber tenido autorización para representar al Estado boliviano, al Gobierno, a la Presidencia o a la familia presidencial.
Sobre la campaña, sostuvo que no existió un contrato escrito ni recibió pagos de empresas por esa tarea. Según su declaración, su participación se limitó a aportar recomendaciones de comunicación digital.
La investigación busca determinar el origen y la legalidad del patrimonio y los ingresos de Cerimedo, mientras la Justicia analiza sus actividades empresariales y sus vínculos profesionales en Bolivia y otros países.
