La causa por la muerte de Matthew Perry sumó un capítulo determinante con la condena a 15 años de prisión para Jasveen Sangha, señalada como la principal responsable de haberle vendido la ketamina que derivó en el desenlace fatal. La sentencia fue dictada por una jueza federal y marca el castigo más severo entre los involucrados en el caso.
Sangha, de 42 años, había admitido su culpabilidad y quedó posicionada como la única de las cinco personas investigadas que reconoció haber tenido una participación directa en la muerte del actor. Esa admisión fue clave para que la pena resulte considerablemente más alta que la del resto.
Durante la audiencia, la acusada no esquivó su responsabilidad. Frente al tribunal, reconoció el peso de sus actos y aseguró que las decisiones que tomó no fueron errores aislados, sino conductas graves que terminaron afectando de manera irreversible a la víctima y a su entorno más cercano.
La jueza a cargo del caso, Sherilyn Peace Garnett, remarcó la gravedad de los hechos al momento de dictar sentencia y puso el foco en la necesidad de que las penas dentro de la causa mantengan coherencia entre sí. También dejó en claro que el rol de Sangha dentro de la red de distribución fue determinante.
Según la investigación judicial, la mujer lideraba un circuito clandestino de venta de drogas dirigido a clientes con alto poder adquisitivo. Esa estructura le permitía sostener un nivel de vida elevado y operar con discreción en ámbitos donde la demanda de sustancias ilegales se mantenía activa.
El expediente reconstruyó cómo se produjo el acceso del actor a la ketamina fuera del circuito médico. Si bien Perry atravesaba un tratamiento supervisado para la depresión que incluía esta sustancia, en los meses previos a su muerte comenzó a buscar dosis mayores por vías irregulares.
En ese contexto, el primer contacto fue el médico Salvador Plasencia, quien ya fue condenado por haberle vendido la droga de manera ilegal. A partir de ese vínculo, el actor llegó hasta Sangha, quien terminó suministrándole una cantidad significativa de ketamina en un corto período.
Los fiscales detallaron que la acusada vendió al menos 25 frascos de la sustancia, incluida la dosis que resultó letal, a cambio de 6000 dólares en efectivo. Esa transacción ocurrió apenas cuatro días antes de la muerte del actor, lo que reforzó la hipótesis de una responsabilidad directa.
El fallecimiento de Perry se produjo en su casa de Los Ángeles, donde fue encontrado sin vida en el jacuzzi. El informe forense determinó que la causa principal fue el efecto agudo de la ketamina, un anestésico que, si bien tiene usos terapéuticos, puede resultar altamente peligroso fuera de controles médicos estrictos.
La causa también puso el foco en el entramado de personas que rodeaban al actor en sus últimos meses. Además de Sangha y Plasencia, hay otros implicados con distintos niveles de responsabilidad. Un segundo médico recibió una condena menor de arresto domiciliario por haber facilitado el acceso a la sustancia, mientras que el asistente personal de Perry y un allegado, que actuaron como intermediarios, aún esperan la definición de sus penas.
En el desarrollo del juicio también se escucharon testimonios que reflejaron el impacto emocional del caso. Keith Morrison, padrastro del actor, expresó el dolor que atraviesa la familia desde el fallecimiento y describió una tristeza persistente que se mantiene en el tiempo.
Más allá del episodio puntual que terminó con la vida del protagonista de Friends, la investigación reveló antecedentes que agravaron la situación de la acusada. En su declaración, Sangha admitió haber estado vinculada a otra muerte por sobredosis en 2019, lo que dejó en evidencia un patrón de conducta.
Para la fiscalía, ese dato resultó determinante: sostuvo que la mujer continuó operando pese a conocer las consecuencias de la venta de ketamina sin control. Esa persistencia fue interpretada como un agravante al momento de definir la pena.
El caso expuso con crudeza un circuito ilegal que suele mantenerse en las sombras, especialmente en entornos de alto perfil. También volvió a poner en discusión el uso indebido de sustancias que, en contextos médicos adecuados, tienen aplicaciones terapéuticas, pero que fuera de esos límites pueden derivar en situaciones extremas.
La condena a Sangha no solo cierra una parte central del expediente, sino que también deja un mensaje judicial claro sobre la responsabilidad en la cadena de suministro de drogas. En particular, cuando se trata de casos donde el consumo termina con consecuencias fatales.
Mientras el resto de los implicados espera la resolución final de la Justicia, el fallo marca un punto de inflexión en una causa que combinó fama, adicciones y un sistema clandestino que operaba por fuera de cualquier control. La figura de Perry, que durante años habló abiertamente de sus luchas personales, vuelve a aparecer en el centro de la escena, esta vez como símbolo de un problema mucho más amplio.
