La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido del fondo Burford Capital para revisar el fallo que había anulado la condena de 16.000 millones de dólares contra la Argentina por la expropiación de YPF. Con esta decisión, se consolida una instancia favorable para el país dentro del complejo litigio internacional que se tramita en la justicia estadounidense.
El tribunal desestimó la solicitud de reconsideración presentada por los beneficiarios del fallo original, entre ellos los fondos Eton Park y Petersen, que actúan bajo financiamiento de Burford. El planteo buscaba que el pleno de los jueces revisara la sentencia dictada previamente por un panel de tres magistrados que había revertido la condena contra el Estado argentino.
Con este rechazo, el fondo litigante mantiene aún una última vía dentro del sistema judicial de Estados Unidos: acudir a la Corte Suprema. Para eso dispone de un plazo de 90 días, aunque especialistas del sector legal consideran que las posibilidades de que el máximo tribunal acepte intervenir son reducidas.
En paralelo a este escenario, Burford ya anticipó que su estrategia no se agota en la justicia norteamericana. El fondo planea avanzar con un reclamo en el ámbito del CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, amparándose en tratados bilaterales de inversión que la Argentina mantiene con distintos países. Esta vía internacional podría extender el conflicto por varios años más.
El litigio tiene su origen en la expropiación de YPF y en las demandas presentadas por accionistas minoritarios que cuestionaron el proceso. La causa derivó en una condena inicial multimillonaria que luego fue revertida en segunda instancia, lo que abrió el actual escenario de apelaciones y contramarchas judiciales.
Desde el lado argentino, la resolución fue recibida como un respaldo a la estrategia legal desplegada en el exterior. Voceros oficiales remarcaron que el fallo refuerza la posición del país y valida la línea de defensa sostenida durante todo el proceso, basada en argumentos técnicos y en la interpretación de la normativa aplicable a la expropiación.
En la misma línea, la conducción de YPF destacó el impacto positivo de la decisión en la proyección de la compañía, en un contexto en el que busca consolidar su plan de expansión y crecimiento. También se interpretó el fallo como un elemento que aporta previsibilidad en un litigio de alto impacto financiero.
A nivel político, la novedad fue difundida y celebrada como un avance dentro del frente judicial internacional que enfrenta la Argentina. Funcionarios del área económica y energética coincidieron en destacar el resultado como una señal favorable en medio de un proceso que aún no está cerrado.
Del lado de los demandantes, Burford reconoció previamente que las probabilidades de éxito en la justicia estadounidense son limitadas, aunque insiste en agotar todas las instancias disponibles. El fondo sostiene además que el camino del arbitraje internacional podría replicar los efectos de una sentencia adversa de primera instancia.
En ese sentido, el CIADI aparece como el próximo escenario central de disputa, donde la Argentina ya enfrentó múltiples causas en el pasado vinculadas a distintos procesos de inversión extranjera. Según antecedentes del propio tribunal, una parte significativa de los casos iniciados contra el país terminó con resoluciones favorables a los demandantes.
Mientras tanto, el expediente por YPF continúa su curso en un entramado judicial que combina tribunales de Estados Unidos y foros internacionales. La definición final aún parece lejana y dependerá de cómo evolucionen las próximas instancias de apelación y arbitraje.
