La medida fue dispuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija, presidido por el juez Carlos Oblitas, tras constatar la ausencia tanto de Morales como de su equipo jurídico.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Luis Esteban Ortiz, aseguró que “se cumplieron todas las formalidades de rigor” para avanzar con la apertura del proceso. La declaración de rebeldía implica una orden de captura, arraigo migratorio y otras restricciones judiciales contra el exmandatario.
La fiscalía sostiene que Morales mantuvo una relación con una adolescente durante su gestión presidencial y que de ese vínculo habría nacido una hija. Aunque el exmandatario nunca negó públicamente la existencia de la relación, su defensa rechaza las acusaciones y denuncia una maniobra judicial impulsada para debilitarlo políticamente. El fiscal departamental José Mogro afirmó que el Ministerio Público reunió “más de 170 pruebas” que respaldan la imputación por trata agravada de personas.
Desde el entorno de Morales apuntaron directamente contra el gobierno boliviano y cuestionaron la legalidad del procedimiento. El abogado Wilfredo Chávez sostuvo que la ausencia del exjefe de Estado respondió a fallas en la notificación judicial y calificó la causa como una “persecución política” destinada a desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa el país. En la misma línea, el letrado Nelson Cox denunció una utilización política de la Justicia que, según afirmó, comenzó durante la gestión de Luis Arce y continúa hasta la actualidad.
La orden de captura profundizó además la fractura interna dentro del oficialismo boliviano, donde el enfrentamiento entre Morales y el presidente Arce se volvió cada vez más abierto. Mientras el exmandatario permanece en la región cocalera del Chapare, sus seguidores denuncian una avanzada judicial para impedir su regreso al centro de la escena política de cara a las próximas disputas electorales.
