Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", principal acusado por el brutal asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela, se negó a ser extraditado a la Argentina. El joven, de solo 20 años, fue detenido en Perú tras regresar a ese país cuando se enteró de que la Justicia argentina lo buscaba por el triple crimen.
En una audiencia realizada en Lima ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, Valverde participó por videoconferencia y rechazó la opción de someterse a un proceso simplificado de extradición. Acompañado por su defensor público, pidió un cuarto intermedio para evaluar la situación, pero finalmente descartó la propuesta.
Su abogado sostuvo que no existen garantías de un juicio justo en la Argentina. “Quieren meterlo preso sin una investigación seria”, expresó ante el juez peruano. Además, pidió que se le conceda la libertad condicional para que el joven pueda trabajar y ayudar a su familia en Trujillo, apelando al “principio de humanidad”.
Desde el Ministerio Público del Perú confirmaron que Argentina solicita su extradición por homicidio agravado con alevosía y violencia de género, en relación con las muertes de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.
El caso causó conmoción en todo el país, incluyendo Salta, donde colectivos de mujeres y organizaciones sociales expresaron su indignación por el hecho y pidieron justicia. Las tres víctimas fueron encontradas asesinadas en una vivienda del conurbano bonaerense en circunstancias que aún se investigan, pero con fuertes indicios de premeditación.
La investigación apunta a una red narco con conexiones internacionales. En paralelo a la detención de Valverde en Perú, otro de los sospechosos, Matías Agustín Ozorio, fue expulsado de ese país y trasladado a la Argentina, donde se negó a declarar ante la fiscalía.
La negativa de Pequeño J a facilitar su extradición podría extender el proceso durante varios meses. Su defensa ya prepara una estrategia para frenar el traslado, mientras la Justicia argentina busca acelerar los tiempos para que el joven enfrente cargos por el crimen que estremeció al país.
En Salta, la repercusión del caso volvió a encender las alarmas sobre el avance del narcotráfico y la violencia de género. Organizaciones locales advierten que estas redes también operan en el norte del país, y reclaman una respuesta más firme del Estado.
El triple homicidio, con tintes mafiosos y violencia extrema, se convirtió en uno de los casos más graves del año. Mientras las familias de las víctimas esperan respuestas, el principal acusado intenta ganar tiempo desde el extranjero.
