Nicolás Maduro comparece hoy en la Corte de New York para reclamar al juez Alvin Hellerstein que su juicio penal por narcoterrorista sea anulado por presunta violación a la Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Se trata de una defensa diseñada por el abogado Barry J. Pollack, que hace una peculiar interpretación de las enmiendas de la constitución para sostener un argumento jurídico que sería rechazado por el tribunal de Manhattan.
La interpretación constitucional de Pollack deriva en dos falacias. Afirma que Maduro no tiene dinero para pagar a su abogados, y que esa presunta situación de insolvencia económica afectaría su principio de defensa en juicio.
Facsímil del escrito del abogado de Nicolas Maduro exigiendo a la dictadura venezolana que paga su defensa en el juicio que enfrenta en New York por narcotraficante
En un escrito de 17 fojas, el abogado defensor de Maduro sostuvo:
-“La ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. La revocación de las Licencias Originales por parte de la OFAC y la negativa a restablecerlas interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección ya que, sin la capacidad de ejercer este derecho de propiedad, ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismos. Ver Declaración. de Nicolás Maduro Moros (ECF No. 290-2) y Declaración. de Cilia Flores de Maduro (ECF No. 293-2) (declaraciones juradas de incapacidad de pago y disposición a presentar declaraciones financieras a petición de la Corte)”, afirma Pollack en la foja 4 de su presentación.
Una figura que representa al destituido presidente venezolano Nicolás Maduro, esposado y vistiendo un uniforme naranja de prisión, frente al Tribunal Federal de los Estados Unidos Daniel Patrick Moynihan, el día en que Maduro debe asistir a una audiencia en un caso de narcoterrorismo que lo acusa de dirigir un cartel de funcionarios venezolanos que inundó a Estados Unidos con cocaína (REUTERS/Shannon Stapleton)
Y completa así sus argumentaciones legales en la foja 11:
“El gobierno no puede afirmar la “seguridad nacional” o la “política exterior” y luego pasar por encima de los derechos procesales internos de un individuo. Por ejemplo, en procesos que involucran información clasificada, el gobierno no puede impedir que los acusados obtengan evidencia exculpatoria material, descubrible bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963), y usen esa evidencia en su defensa en un juicio público, simplemente porque el gobierno tiene una razón política legítima para mantener el documento clasificado. Bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (18 U.S.C. App. III), si el gobierno no ofrece un sustituto adecuado, el tribunal debe desestimar la acusación. Ver United States v. Giffen, 473 F.3d 30, 33 (2d Cir. 2006) (Bajo CIPA, “si el tribunal se niega a permitir tal sustitución, y el gobierno se opone a la divulgación de la información clasificada, el remedio presuntivo es la desestimación de la acusación”).
En la puerta de los tribunales se agolpan reporteros a la espera de ingresar a la audiencia en la que debe presentarse Nicolás Maduro (REUTERS/Jeenah Moon)
