La política local de Estados Unidos quedó envuelta en un fuerte escándalo después de que Eileen Wang, exalcaldesa de la ciudad californiana de Arcadia, admitiera haber trabajado de manera clandestina para el gobierno de China. La dirigente aceptó declararse culpable ante la Justicia federal por actuar como agente extranjero sin informar oficialmente a las autoridades norteamericanas.
El caso tomó repercusión nacional porque Wang ocupaba un cargo público en una ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles y, según la investigación, mantenía vínculos directos con funcionarios ligados al aparato político chino. La mujer, de 58 años, había sido elegida para el concejo municipal en 2022 y luego asumió como alcaldesa.
De acuerdo con la causa judicial, la exfuncionaria colaboraba en la difusión de contenidos favorables al gobierno de Xi Jinping a través de un portal digital llamado U.S. News Center. Aunque el sitio se presentaba como un medio orientado a la comunidad chino-estadounidense del sur de California, las autoridades sostienen que en realidad funcionaba como una plataforma de propaganda política.
La investigación determinó que Wang publicaba artículos enviados directamente desde China para reforzar la postura oficial de Pekín frente a distintas denuncias internacionales. Entre los temas abordados figuraban acusaciones por violaciones a los derechos humanos y presuntos trabajos forzados en la región de Xinjiang.
Uno de los puntos que más preocupación generó en las agencias federales fue la rapidez con la que la entonces dirigente respondía a las instrucciones recibidas desde China. En varios mensajes incorporados al expediente judicial aparecen intercambios donde funcionarios chinos le agradecían por publicar material político apenas minutos después de recibirlo.
Los investigadores también detectaron contactos frecuentes entre Wang y un hombre identificado como John Chen, señalado como un importante operador vinculado a los servicios de inteligencia chinos. Según la documentación presentada en la causa, la exalcaldesa le enviaba enlaces de las publicaciones realizadas y aseguraba que el contenido coincidía exactamente con lo que buscaba difundir el gobierno chino.
Tras conocerse el acuerdo judicial, Wang presentó su renuncia inmediata al cargo. Aunque su defensa sostiene que las actividades investigadas ocurrieron antes de asumir funciones públicas y formaban parte de su vida privada, el Departamento de Justicia estadounidense remarcó la gravedad institucional del caso.
Para las autoridades federales, el hecho de que una persona vinculada a operaciones de influencia extranjera haya logrado ocupar un cargo político representa una señal de alerta sobre los mecanismos de infiltración y propaganda utilizados por otros gobiernos dentro de Estados Unidos.
Ahora, la exfuncionaria enfrenta una posible condena de hasta diez años de prisión federal y multas económicas que podrían alcanzar los 250 mil dólares. Mientras tanto, en Arcadia ya iniciaron el proceso para reorganizar el gobierno municipal y designar nuevas autoridades.
El escándalo volvió a instalar el debate sobre la influencia política y mediática de China en territorio estadounidense, especialmente en estados como California, donde existe una importante comunidad asiática y fuertes vínculos económicos con el gigante asiático.
