La Justicia intimó a YPF S.A. y President Petroleum S.A. a presentar, en un plazo de diez días hábiles, un plan para cerrar definitivamente el pozo petrolero Loma de Olmedo X-10, ubicado en Puesto Guardián, y contener la contaminación registrada en la zona.
La medida busca evitar que las sustancias presentes en el lugar se extiendan hacia terrenos destinados a la agricultura y la ganadería, especialmente ante la llegada de mayores precipitaciones.
La resolución fue dictada por el juez Ramiro Morizzio, tras un pedido de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, y se apoya en informes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que advierten sobre la persistencia de la afectación ambiental, las emanaciones de gases y la presencia de sustancias en la superficie.
Las empresas deberán detallar cómo realizarán la intervención, qué medidas de seguridad aplicarán, cómo impedirán nuevas fugas y cuál será el cronograma de trabajo. También tendrán que presentar un plan de contingencia para evitar que la contaminación avance, además de establecer mecanismos de monitoreo posteriores.
La disposición contempla la participación de organismos provinciales de Ambiente y de Minería y Energía, y establece que las acciones preventivas deberán ser afrontadas solidariamente por las compañías involucradas. Sin embargo, la resolución no determina de manera definitiva la responsabilidad de cada firma, una cuestión que continuará bajo análisis judicial.
Uno de los principales interrogantes es el costo de las tareas. Las estimaciones indican que controlar las fugas y sellar el pozo podría demandar una inversión cercana a los 15 millones de dólares, debido a la necesidad de utilizar equipos especializados y perforar un pozo de alivio para interceptar las filtraciones.
El conflicto también reabre la discusión sobre quién debe hacerse cargo del pasivo ambiental, en un área por la que pasaron distintas empresas a lo largo de las últimas décadas. Loma de Olmedo X-10 fue perforado originalmente por YPF en los años 80 y posteriormente quedó vinculado a otros operadores.
Los derrames comenzaron a generar denuncias visibles en agosto de 2023. Productores de la zona señalaron daños en suelos, agua y vegetación, además de pérdidas de animales.
A este escenario se suma la situación financiera de President Petroleum, que en octubre de 2024 se presentó en concurso con una deuda declarada de 61,3 millones de dólares, de los cuales 48 millones correspondían a compromisos de corto plazo.
El caso tiene un antecedente significativo en el pozo MdT-14, del yacimiento Martínez de Tineo. Tras años de derrames y múltiples intervenciones, la Justicia Federal determinó que YPF debía ejecutar el plan de abandono. El pozo fue sellado en 2012, luego de seis años de afectación ambiental.
La experiencia vuelve a poner el foco en la necesidad de establecer responsabilidades y garantizar que las tareas de cierre y remediación se concreten para evitar que el daño ambiental continúe.
