A la espera de la fijación de una fecha específica de inicio, el Tribunal Oral Federal 7 porteño confirmó la validez de la causa “Cuadernos” y otras investigaciones conexas al rechazar un par de pedidos de nulidad por parte de dos de los imputados en el proceso.
Los planteos fueron presentados por el ex funcionario Roberto Baratta, mano derecha de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo, y por el empresario Julio Paolini. Ambos forman parte de la amplia lista de acusados que contiene el expediente más conocido como “Los Cuadernos de la Corrupción”, en alusión a una serie de anotaciones que realizó el chófer ministerial Oscar Centeno, donde consignó una presunta trama de dádivas y lavado de activos vinculada a la obra pública.
El juicio, que tiene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusada de asociación ilícita y a decenas de empresarios, políticos y ex funcionarios públicos imputados por cohecho, aún no tiene una fecha establecida. Los jueces Enrique Mendez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero del TOF 7 deberán fijarla una vez que finalicen la resolución de todos los planteos previos presentados por las distintas defensas.
En ese marco se inscribe lo que resolvieron respecto a Baratta y Paolini. En relación al ex funcionario, segundo de De Vido en uno de los ministerios más poderosos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, este planteó la nulidad del caso que lo tiene como imputado, ya que, según sus términos, se “forzó una competencia, vía conexidad” con otro expediente que ya tramitaba el fallecido juez Claudio Bonadio. Tal expediente al que hizo mención Baratta resulta de una investigación que se abrió por presuntas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) por medio de buques, que también lo tiene procesado.
Además se agravió de una arbitraria adjudicación del caso en manos del juez de grado Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli -instructor en la etapa preparatoria-, a quienes acusó de realizar un “escandaloso forum shopping”.
Así las cosas, el Tribunal consideró que estos agravios no resultaban “novedosos y ya han sido tratados oportunamente” tanto en la Cámara Federal porteña como en la de Casación, máxima instancia penal. En consecuencia, y en línea con la fiscal de juicio Fabiana León, dictaron el rechazo de su presentación orientada a dejar sin efecto la totalidad del proceso en curso.
Por otro lado, el empresario Paolini solicitó la “nulidad de los requerimientos de elevación a juicio” elaborados por la fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en una causa conexa a la de los cuadernos, que lo tiene como acusado por supuesto cohecho activo. Según su defensa, ambos requerimientos incumplieron reglas procesales “que garantizan el derecho de defensa”. Sin embargo, los jueces descartaron el pedido tras evaluar que en ninguna de las piezas acusatorias existía “vicio alguno” que afectara las “garantías de raigambre constitucional”.
La causa cuadernos y sus sucesivas ramificaciones tomaron estado público cuando el juez Bonadio y el fiscal Stornelli ordenaron una decena de detenciones a empresarios y ex funcionarios por las revelaciones de las anotaciones de Centeno, remisero de Baratta durante los gobiernos de los Kirchner. Todo comenzó cuando el periodista Diego Cabot acercó al fiscal los anotadores de Centeno, que habían llegado a sus manos por parte de un amigo de éste, Jorge Bacigalupo.
La investigación rápidamente apuntó a una asociación ilícita encabezada por la entonces presidenta Cristina Kirchner y constituida con el fin de recaudar dinero entre empresarios que hacían negocios con el Estado a través de la obra pública. Una veintena de hombres de negocios y funcionarios se convirtieron en arrepentidos.
