El conflicto se desató en Santa Fe luego de que un empresario hotelero decidiera reparar por cuenta propia un tramo deteriorado de la colectora de la autopista Rosario-Córdoba para mejorar el acceso a su establecimiento. La intervención, realizada hace varios meses con maquinaria y materiales privados, terminó derivando en una intimación formal de Vialidad Nacional para que deshaga la obra y deje el camino “en su estado original”.
La situación generó sorpresa y abrió un debate sobre el estado de las rutas nacionales y las dificultades que enfrentan vecinos y privados cuando intentan intervenir en zonas bajo jurisdicción estatal. El tramo en cuestión corresponde al acceso al hotel ubicado sobre la colectora del kilómetro 307,5, un sector que, según explicó el empresario, se encontraba en muy malas condiciones desde hacía tiempo.
De acuerdo con su relato, el deterioro del camino complicaba la circulación diaria de trabajadores, proveedores y visitantes, además de afectar la llegada a distintos eventos organizados en el predio. Frente a la falta de respuestas concretas y las demoras en las obras oficiales, decidió avanzar con tareas de bacheo utilizando piedras, maquinaria y mano de obra particular.
La reparación incluyó relleno de pozos y mejoras sobre la calzada de tierra, con el objetivo de facilitar el tránsito y evitar inconvenientes en jornadas de alta concurrencia. Sin embargo, la intervención no contaba con una autorización definitiva de Vialidad Nacional, organismo que ahora exige revertir todos los trabajos realizados en un plazo de diez días.
Desde el área nacional sostienen que el problema no pasa únicamente por haber trabajado sobre una traza bajo jurisdicción estatal, sino también por la falta de aprobación técnica final. Según indicaron, el proyecto presentado originalmente no habría completado toda la documentación requerida y las tareas ejecutadas habrían excedido lo informado en el expediente.
En ese sentido, remarcaron que las obras sobre rutas nacionales deben atravesar controles específicos vinculados a seguridad vial, drenaje, compactación de materiales y condiciones de circulación. Para el organismo, esos requisitos son fundamentales para determinar responsabilidades técnicas y legales ante cualquier inconveniente futuro.
El empresario, por su parte, aseguró que durante el inicio de los trabajos hubo inspecciones y conversaciones con representantes del organismo, y que finalmente se permitió continuar con la reparación. Por eso, manifestó sorpresa e indignación al recibir meses después la carta documento que le ordena destruir la mejora realizada.
La polémica volvió a poner sobre la mesa el debate por el mantenimiento de las rutas y colectoras, especialmente en sectores donde vecinos y empresas denuncian falta de obras y deterioro sostenido. En este caso, el acceso es utilizado no solo por clientes del hotel, sino también por personas que circulan diariamente por la zona.
El empresario también cuestionó que el sector privado termine absorbiendo costos que, según consideró, corresponden al Estado o a las empresas concesionarias vinculadas al cobro de peajes. Además, advirtió que las lluvias y el tránsito pesado siguen deteriorando el sector y complicando la circulación.
Mientras tanto, busca revertir la intimación y evitar tener que romper el tramo reparado. Confía en que pueda encontrarse una solución administrativa que permita mantener la mejora realizada, aunque por ahora la orden oficial sigue vigente.
El caso generó repercusión en Santa Fe y reavivó cuestionamientos sobre la burocracia, el estado de la infraestructura vial y los límites que enfrentan particulares cuando intentan resolver problemas que afectan a toda una comunidad.
