El juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández por presunta corrupción en la llamada causa Seguros. La acusación se basa en la incompatibilidad de funciones durante su mandato, al favorecer a intermediarios cercanos en contrataciones estatales de seguros.
La investigación reveló que el exmandatario impulsó la participación de brokers vinculados a su entorno en negocios con organismos públicos, a través del Banco Nación y su aseguradora. Según el fallo, Fernández promovió activamente estas maniobras y usó su cercanía con empresarios como Héctor Martínez Sosa —su amigo y uno de los principales beneficiados— como respaldo político.
Casanello ordenó un embargo sobre los bienes del expresidente por más de $14.600 millones. También fueron procesadas otras 33 personas, entre ellas la exsecretaria de Fernández, María Cantero, y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.
Un informe clave de la Procelac permitió avanzar en la causa, que apunta a un esquema sistemático de contrataciones irregulares a través de Nación Seguros, tras un decreto presidencial que obligaba a los entes públicos a operar exclusivamente con esa firma.
La defensa de Alberto Fernández
Cuando fue citado a declarar, el exmandatario se limitó a presentar un escrito en Comodoro Py donde aseguró: “No comprendo los cargos que me formulan”.
Además, detalló que el decreto no fue impulsado exclusivamente por él, sino por una serie de organismos del Estado, como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros.
“Este decreto fue una decisión política, no debe ser objeto de judicialización. Lo que buscamos fue generar la mejor sinergia entre los recursos públicos y mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado”, argumentó.
