La causa por el fentanilo contaminado sumó un nuevo avance judicial y volvió a poner en el centro de la escena al empresario Ariel García Furfaro, titular de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. La Justicia Federal de La Plata resolvió ampliar el procesamiento con prisión preventiva en el expediente que investiga la distribución de ampollas adulteradas que ya quedaron vinculadas a 90 muertes en distintos puntos del país.
La medida también alcanzó a otros acusados que forman parte de la investigación por la circulación del opioide contaminado, considerado clave en el fallecimiento de decenas de pacientes internados en centros de salud públicos y privados. Según la resolución judicial, García Furfaro está acusado como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales, hecho que habría provocado graves consecuencias sanitarias y una de las mayores crisis vinculadas a medicamentos registradas en Argentina en los últimos años.
De acuerdo con el expediente, además de las víctimas fatales, existen más de 40 personas que sufrieron lesiones graves y otras con secuelas de distinta consideración tras recibir dosis del producto cuestionado. El juez federal a cargo de la causa decidió mantener además el embargo y la inhibición general de bienes contra el empresario mientras continúa el avance de la investigación.
La ampliación del procesamiento también alcanzó a Diego Hernán García, hermano del principal acusado, quien continuará detenido bajo prisión preventiva. En paralelo, Nilda Furfaro seguirá con arresto domiciliario por estar señalada como partícipe necesaria en la maniobra investigada.
La causa incluye además a empresarios, profesionales y responsables vinculados a distintas etapas de producción, distribución y control de los medicamentos. En total ya son 13 las personas procesadas en un expediente que no deja de crecer y que acumula cientos de cuerpos judiciales, informes médicos, pericias técnicas e historias clínicas analizadas por especialistas.
Uno de los puntos más delicados de la investigación es la magnitud de la distribución del fentanilo elaborado por HLB Pharma. Se estima que más de 300 mil ampollas fueron repartidas en diferentes provincias antes de que se encendieran las alertas sanitarias. Aunque las autoridades sostienen que los lotes contaminados lograron ser recuperados, la preocupación continúa en el sistema de salud por el alcance que tuvo la circulación del producto.
Las muertes vinculadas al caso fueron detectadas en centros médicos de Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, aunque el temor se extendió a otras jurisdicciones por la posibilidad de que más ampollas hubieran llegado a hospitales y clínicas de distintas regiones del país.
Las pericias realizadas hasta el momento por el Cuerpo Médico Forense concluyeron que la administración del opioide contaminado tuvo incidencia directa en el desenlace fatal de numerosos pacientes. Los informes incorporados al expediente sostienen que el medicamento adulterado resultó determinante en al menos 114 casos analizados por los especialistas judiciales.
Mientras avanza el proceso, la Justicia busca determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los involucrados y reconstruir cómo se produjo la adulteración de las sustancias medicinales. También se investiga el circuito de distribución y los controles que fallaron antes de que el producto llegara a los centros de salud.
El caso generó fuerte preocupación en el ámbito sanitario nacional debido al impacto que tuvo sobre pacientes que ya atravesaban cuadros delicados de salud y que recibieron el medicamento en contextos de internación. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas semanas.
