La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con la decisión judicial de avanzar sobre uno de los elementos más controvertidos del expediente: los audios que dieron origen al caso. La medida busca establecer si las grabaciones son auténticas o si fueron alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial, en medio de una fuerte disputa entre las partes involucradas.
El juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un estudio forense y acústico sobre los registros de audio que trascendieron públicamente y que forman parte de la causa. El objetivo es determinar con precisión si las voces corresponden a personas reales y si los archivos presentan signos de edición, manipulación digital o clonación mediante tecnología de IA.
La decisión llega luego de los cuestionamientos planteados por las defensas de los imputados, que desde el inicio sostienen que las grabaciones carecen de validez y podrían haber sido generadas artificialmente. Bajo ese argumento, solicitaron que se revise en profundidad el origen del material y se descarte cualquier intervención tecnológica que pudiera afectar su autenticidad.
Para responder a esos planteos, la Justicia ordenó una serie de análisis especializados que estarán a cargo de peritos oficiales. Entre otras cuestiones, deberán evaluar patrones biométricos de voz, características acústicas, niveles de respiración, continuidad del habla y otros indicadores que permitan determinar si los registros corresponden a conversaciones genuinas o si presentan alteraciones.
Sin embargo, uno de los puntos que generó mayor tensión en el expediente fue la negativa de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, a aportar una muestra de voz para realizar el cotejo técnico. La fiscalía había solicitado que se grabara un registro indubitable para compararlo con las voces que aparecen en los audios bajo investigación, pero la defensa del exfuncionario rechazó la medida y la calificó como improcedente.
La postura despertó interrogantes dentro del ámbito judicial, especialmente porque uno de los principales argumentos de la defensa es que las grabaciones serían falsas o producto de una clonación digital. En ese contexto, la resistencia a participar de una prueba destinada justamente a verificar esa hipótesis sumó un nuevo foco de discusión dentro de la causa.
La investigación se inició tras la difusión de conversaciones en las que se describían presuntas maniobras irregulares vinculadas a contrataciones y adquisiciones de insumos médicos y ortopédicos. En esos diálogos también aparecían referencias a supuestos retornos económicos y menciones a distintos sectores de la administración nacional, entre ellos el área encabezada por Karina Milei.
No obstante, fuentes vinculadas al expediente sostienen que el avance de la causa no depende exclusivamente de la validez de esos audios. Según explican, las grabaciones funcionaron como un disparador para abrir la investigación, pero las principales evidencias incorporadas posteriormente provienen de documentación, auditorías, registros contables y otras medidas de prueba obtenidas por vías independientes.
Por ese motivo, en los tribunales consideran que incluso un resultado favorable a los planteos de las defensas difícilmente altere el núcleo de la investigación. Los elementos que sustentan las acusaciones ya forman parte del expediente y fueron incorporados a través de distintas diligencias realizadas durante la instrucción.
Mientras tanto, la pericia ordenada por Lijo aparece como una instancia clave para despejar dudas sobre la autenticidad del material que desató el escándalo. El resultado podría aportar definiciones importantes sobre el origen de los audios y sobre el papel que desempeñaron en una de las causas más sensibles que actualmente tramitan en la Justicia federal.
