Un sacerdote fue apartado de manera preventiva de un jardín de infantes en el marco de una investigación judicial por presuntos abusos sexuales contra niños y niñas. La medida fue adoptada por la autoridad eclesiástica local mientras la causa avanza en la Justicia, que ya unificó cuatro denuncias presentadas por distintas familias.
La decisión se conoció luego de que el expediente incorporara nuevas presentaciones que reforzaron la investigación inicial, iniciada a mediados de 2025. Las denuncias involucran a menores que habrían relatado situaciones de abuso en el ámbito escolar, lo que motivó la intervención de la fiscalía y la realización de distintas medidas de prueba, entre ellas declaraciones en cámara Gesell.
El caso generó preocupación en la comunidad educativa vinculada a la institución donde se desempeñaba el sacerdote, y derivó en reclamos públicos por parte de las familias. Los denunciantes cuestionan la lentitud del proceso judicial y la falta de definiciones procesales tras más de un año de actuaciones, al tiempo que insisten en la necesidad de avances concretos en la investigación.
En paralelo, desde el ámbito eclesiástico se informó que el apartamiento del sacerdote es de carácter temporal y preventivo, y que se mantendrá vigente hasta que la Justicia determine los pasos a seguir. La decisión fue acompañada por un pedido de esclarecimiento de los hechos y por la colaboración institucional con el proceso judicial en curso.
Según se indicó, la institución religiosa aseguró haber respondido a todos los requerimientos judiciales y haber puesto a disposición material y documentación vinculada al funcionamiento del establecimiento. También se informó que se activaron protocolos internos de actuación frente a denuncias que involucran a menores, con intervención de áreas específicas dedicadas a la prevención y acompañamiento de situaciones de vulnerabilidad.
La investigación judicial comenzó a partir de la primera denuncia presentada por una madre ante la fiscalía correspondiente. Con el correr de los meses se sumaron otras presentaciones hasta alcanzar un total de cuatro casos, que fueron unificados en un mismo expediente. Las denuncias abarcan a varios menores y se encuentran en distintas etapas de análisis probatorio.
Familiares de los niños involucrados realizaron manifestaciones públicas para visibilizar el reclamo y exigir mayor celeridad en el avance de la causa. En ese contexto, también denunciaron demoras en la producción de pruebas y en la definición de imputaciones formales, lo que mantiene la incertidumbre en torno al futuro del expediente.
Desde la defensa de las familias se sostiene que existen elementos incorporados a la causa a partir de testimonios infantiles, relatos familiares y material de acompañamiento terapéutico. Estos elementos son evaluados por la fiscalía como parte del conjunto probatorio, mientras continúan las medidas de investigación.
En el plano institucional, las autoridades educativas vinculadas al establecimiento afirmaron que han colaborado desde el inicio con la Justicia, respondiendo a cada requerimiento y facilitando el acceso a registros internos. También remarcaron que el objetivo principal es el esclarecimiento de los hechos y la protección de los menores involucrados.
El expediente continúa en etapa de instrucción, con pericias en curso y análisis de testimonios, en un contexto de fuerte atención pública y expectativa por eventuales definiciones judiciales en las próximas semanas. Las familias, en tanto, insisten en que el avance del proceso sea más ágil y que se garanticen respuestas concretas dentro del sistema judicial.
