La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió una denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturación apócrifa vinculada a servicios que no habrían existido, en operaciones que superarían los 900 millones de pesos. La presentación profundiza una causa que ya se encuentra en trámite en el fuero penal económico y que involucra a actuales y exintegrantes de la conducción de la entidad.
Según la nueva acusación, se detectaron comprobantes que no tendrían respaldo real en prestaciones efectivamente realizadas, lo que abre la hipótesis de maniobras destinadas a reducir la carga impositiva. En ese marco, la investigación judicial se centra en determinar si existió evasión mediante documentación falsa y movimientos contables irregulares dentro de la estructura administrativa de la AFA.
El expediente está a cargo del fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, quien ya solicitó medidas de prueba para avanzar con la ampliación de la denuncia. El caso se tramita ante el juzgado de Diego Amarante, donde se analiza el alcance de las operaciones observadas por el organismo recaudador.
Entre los principales señalados aparecen el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, quienes ya se encuentran involucrados en otra investigación por presunta retención indebida de aportes y tributos. En ese expediente previo, la Justicia ya había ordenado medidas de prueba y citaciones a indagatoria.
La nueva presentación de ARCA sostiene que, entre enero de 2023 y marzo de 2025, se habrían emitido facturas por más de 916 millones de pesos, sin el correspondiente pago de impuestos vinculados a ganancias por salidas no documentadas. De ese análisis surge una presunta evasión superior a los 320 millones de pesos, a la que se suman intereses y multas que elevan el monto total investigado.
De acuerdo con la acusación, también se detectaron operaciones con empresas que presentarían inconsistencias, lo que refuerza la sospecha de gastos simulados o servicios inexistentes. La hipótesis principal es que parte de la documentación habría sido utilizada para justificar egresos sin sustento real, en un esquema reiterado en el tiempo.
El fiscal Navas Rial consideró que los elementos reunidos hasta el momento podrían encuadrar en el delito de evasión agravada mediante el uso de documentación falsa, y remarcó la presunta continuidad de las maniobras a lo largo de varios períodos fiscales. En esa línea, pidió profundizar la investigación sobre la trazabilidad de los fondos y la validez de los comprobantes.
Además de la actual conducción, la investigación también alcanza a exintegrantes de la estructura administrativa de la AFA, entre ellos Gustavo Lorenzo, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, quienes habrían ocupado cargos clave en la gestión de los períodos bajo análisis.
Con esta ampliación, la causa suma nuevos elementos a un expediente que ya contempla un volumen millonario en presuntas irregularidades fiscales. La investigación continúa en etapa preliminar y se esperan próximas definiciones judiciales sobre la situación procesal de los involucrados y la verificación de la documentación contable cuestionada.
