La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentará un recurso de revisión contra el dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, quien desestimó una denuncia por presunto lavado de activos contra Tabacalera Sarandí S.A., liderada por Pablo Marcelo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco”.
El recurso, que busca llevar el caso a los tribunales de Alzada, será presentado en los próximos días, según confirmaron fuentes de ARCA.
La denuncia, impulsada el 3 de abril por Felicitas Achábal, jefa de la División Penal Tributaria de ARCA, se basó en informes de la División Fiscalización Externa II. Según estos, entre 2021 y 2023, la tabacalera recibió $33.632.240.575,17 de 23 distribuidores mayoristas con “perfil fiscal irregular”, sin capacidad económica ni operativa para justificar el origen de los fondos, representando el 31% de la facturación de la empresa en ese período.
Entre los señalados están Ever Friends Distribuciones ($5.095.283.149,12) y Gustavo Gabriel Palacios ($3.190.482.025,88). Los informes destacaron patrones como ventas a consumidores no identificados, facturas emitidas con intervalos de segundos, operaciones en efectivo sin registros bancarios ni pagos tributarios, y falta de empleados o infraestructura en las empresas investigadas.
Achábal ratificó la denuncia, respaldada por registros técnicos y pruebas documentales, mientras que Laura Cecilia Alonso, inspectora de ARCA, señaló que el sistema e-FISCO detectó comprobantes de venta a entidades sin capacidad económica ni operativa.
Sin embargo, Otero solicitó desestimar la denuncia, argumentando que no había hechos concretos que configuraran delitos, que las ventas estaban debidamente facturadas y registradas, y que Tabacalera Sarandí opera legalmente. Además, afirmó que no le corresponde a la empresa investigar el perfil fiscal de sus clientes, una tarea exclusiva del Estado.
El fiscal Taiano desestimó la denuncia, considerando que no había indicios de que Tabacalera Sarandí legitimara activos ilícitos. Subrayó que las ventas estaban facturadas y registradas, mostrando una intención de transparencia, y que las inconsistencias fiscales de los distribuidores no podían imputarse a la empresa.
Taiano también señaló que no se determinó una deuda tributaria ni maniobras específicas de lavado, respaldando su decisión en el Código Procesal Penal. ARCA, en desacuerdo, insiste en llevar el caso a una instancia superior.
