En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley de Salud Mental”, anunció esta mañana el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta social X.
Del Ministerio de Salud de la Nación, se busca actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
El objetivo será superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción.El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos, donde se detectaron dificultades concretas en la práctica diaria.
Uno de los principales problemas identificados es la falta de aplicación uniforme de la legislación actual en el país: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención.
Entre los cambios propuestos, el proyecto plantea reemplazar el término “padecimiento mental”, considerado ambiguo, por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, “incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”.
Además, se redefine el criterio de riesgo, focalizándolo en “situaciones de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con evaluación del contexto y antecedentes para permitir intervenciones preventivas.
Respecto a las internaciones, se mantiene el carácter de recurso excepcional, pero se prevé que el médico psiquiatra pueda indicar la internación involuntaria en casos urgentes, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas, y el plazo de notificación judicial se extenderá de diez a veinticuatro horas.
En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta y se considera que su capacidad está afectada, la internación podrá pasar a ser involuntaria con notificación a la Justicia.
El proyecto reconoce que el cierre de hospitales psiquiátricos, como impulsa la ley vigente, no siempre resulta posible por limitaciones de infraestructura, personal y seguridad, ya que actualmente existen 30 instituciones públicas monovalentes y al menos 139 privadas. Frente a esto, se propone fortalecer una red de atención en salud mental de distintos niveles de complejidad, incluyendo hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.
Finalmente, se busca “fortalecer los sistemas de información, en particular el RESAM (Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental) y el REFES (Registro Federal de Establecimientos de Salud), herramientas clave para conocer la capacidad instalada, disponibilidad de camas y cantidad de pacientes”, y ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR, para una mejor supervisión del sistema.
