El Gobierno nacional está por dar un paso decisivo en la causa que investiga el atentado con un paquete explosivo en la Escuela Superior de Gendarmería. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) entregará a la Justicia un informe exhaustivo que busca determinar si el ataque fue ejecutado por una célula aislada o contó con apoyo internacional.
El incidente, ocurrido el pasado 20 de febrero en el piso 11 del edificio de Avenida Paseo Colón 533, puso en evidencia las fallas en los protocolos de recepción de correspondencia de las fuerzas de seguridad y generó preocupación sobre la vulnerabilidad de instituciones estratégicas del país.
El documento de la SIDE, solicitado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi del Juzgado Federal N° 8, analizará posibles vínculos con organizaciones terroristas globales y grupos extremistas regionales. La investigación apunta a descartar o confirmar si hubo financiamiento y coordinación desde el extranjero, un dato clave para definir la gravedad y alcance del ataque.
La División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal lidera el análisis técnico de los restos del explosivo. Se estudian los componentes químicos y el mecanismo de activación para intentar reconstruir cómo se fabricó y cómo llegó a la institución. Según los primeros informes, el paquete estaba dirigido al comandante mayor Diego Gasparutti, quien había liderado la escuela hasta mediados de 2024.
Uno de los elementos que más intriga a los investigadores es el tiempo que transcurrió entre la recepción del paquete y la explosión: cuatro meses. Este retraso abrió dos líneas de análisis. Por un lado, se evalúa si hubo fallas en los protocolos internos que permitieron que el paquete permaneciera sin revisión durante tanto tiempo. Por otro, se investiga si el explosivo estaba diseñado para activarse tras un periodo prolongado o si dependía de la manipulación física que finalmente lo detonó.
A diferencia de otros casos de alto perfil, el Gobierno decidió no presentar una denuncia paralela y concentrar los esfuerzos en nutrir el expediente existente con información clasificada. Esta estrategia busca fortalecer la investigación judicial y asegurar que todas las pruebas disponibles lleguen al juzgado de manera organizada y bajo estrictas medidas de seguridad.
El avance del informe representa un paso clave para comprender la magnitud del ataque y prevenir futuros incidentes. Además, refuerza la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en instituciones estratégicas y de implementar sistemas de control más efectivos en la recepción de correspondencia.
La causa continúa en desarrollo y se espera que el documento de la SIDE aporte información determinante sobre la participación o no de actores externos. Mientras tanto, las autoridades mantienen un monitoreo constante y refuerzan las medidas de seguridad, especialmente en organismos de alto riesgo, para garantizar que un hecho similar no vuelva a repetirse.
El país sigue atento a los avances de la investigación, que combina pericias técnicas, análisis de inteligencia y seguimiento de comunicaciones para esclarecer todas las aristas del ataque. El resultado del informe no solo tendrá impacto en la causa judicial, sino que también será clave para ajustar políticas de seguridad y protocolos internos en fuerzas de seguridad y organismos públicos.
