La campaña del kirchnerismo en estas elecciones resultó la más cara de la historia para la sociedad. El candidato Sergio Massa, vestido como ministro de Economía, se valió de fondos públicos y de la administración arbitraria del Gobierno para promover el despilfarro fiscal y favorecer su propia campaña electoral.
Desde el mes de agosto se desplegó un paquete de medidas que llegaron a representar más de 5 billones de pesos, equivalentes a casi 2 puntos del PBI. La Provincia de Buenos Aires recibió un total de 40.000 millones de pesos, no solamente el monto más drástico para cualquier otra provincia, sino que además superó a las transferencias para todas las provincias restantes puestas juntas.
El programa incluyó los bonos temporales para jubilados, bonos para empleados públicos, aumento en las transferencias por planes sociales (Potenciar Trabajo y Alimentar), créditos baratos para jubilados, congelamiento de tarifas de servicios públicos, combustibles y tipo de cambio oficial, eliminación del impuesto a las Ganancias, devolución del IVA para ciertos productos de la canasta básica, reparto de bicicletas y electrodomésticos, bonos para el sector informal por $180.000 millones y extensión del previaje, entre muchas otras medidas.
Todo esto desequilibró completamente las finanzas públicas del Gobierno nacional. El déficit primario del mes de septiembre se disparó más de un 758% en comparación con el mismo mes del año pasado, registrando un crecimiento explosivo en términos reales que llegó al 260% respectivamente. Por otra parte, el déficit financiero total aumentó un 378% en los últimos 12 meses, potenciado por el despilfarro de septiembre.
El déficit primario del Sector Público Nacional creció hasta el 2,6% del PBI en septiembre y se dirige a romper con las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, el déficit financiero del Gobierno nacional (incluyendo los intereses de deuda pública) escaló al 4,7% del PBI, y el pago de intereses en el Banco Central ya agrega otros 6 puntos de déficit.
El programa de despilfarro se financió exclusivamente con asistencia monetaria directa del Banco Central. El mayor circulante de pesos en la economía precipitó la corrida cambiaria en todos los mercados del dólar, y ya está generando un crecimiento explosivo de la inflación.
La estabilidad macroeconómica o el federalismo fiscal nunca fueron prioridades para Massa. Con las transferencias empleadas en el despilfarro pudo haber saldado los compromisos inconclusos con las provincias, como por ejemplo las cajas previsionales de Córdoba y Santa Fe, pero en lugar de eso los recursos se utilizaron exclusivamente para financiar medidas asistencialistas que finalizarán en noviembre.
Las personas beneficiarias perderán todos los beneficios obtenidos desde agosto, pero deberán sufrir un violento estallido inflacionario previsto para fin de año. Se estima que la tasa de inflación podría llegar al 200% para fin de año.
El deterioro de los salarios es actualmente la principal fuente explicativa para el salto de la pobreza, que podría finalizar el 2023 alcanzando al 45% de los argentinos. Estos niveles son los mismos que sufrió el país en el año 2001.
