El oficialismo ajustó la iniciativa sobre propiedad rural para destrabar su tratamiento en la Cámara alta. La propuesta mantiene restricciones para determinados casos y deja en manos de las provincias parte de las decisiones sobre autorizaciones.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó una nueva versión del proyecto de ley de propiedad privada que establece un límite del 25% para la titularidad de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. La modificación busca sumar respaldos entre los sectores dialoguistas, aunque todavía no están asegurados los votos necesarios para su aprobación.
La iniciativa será discutida en una sesión con escenario incierto, donde el oficialismo deberá reunir apoyos suficientes y garantizar el quórum para avanzar con una reforma que generó fuertes debates políticos desde su presentación.
El cambio central del proyecto elimina la posibilidad de una venta completamente libre de tierras a extranjeros y eleva el límite vigente del 15% al 25% de la superficie rural de cada provincia. Además, mantiene restricciones para la adquisición por parte de Estados extranjeros y establece controles específicos para empresas con participación estatal extranjera.
Según la nueva redacción, las compras realizadas por personas humanas o jurídicas extranjeras deberán quedar registradas ante los organismos inmobiliarios provinciales, con información sobre la nacionalidad del adquirente. En los casos donde exista participación estatal extranjera, también será necesaria una autorización del Gobierno nacional y de la provincia correspondiente.
Uno de los puntos que generó mayor discusión fue el rol de las provincias. El texto busca reforzar la participación de los gobiernos locales en las decisiones vinculadas a sus territorios, un reclamo planteado por distintos mandatarios provinciales durante las negociaciones.
Con la nueva versión, las provincias podrían definir criterios dentro del porcentaje permitido, dejando atrás el esquema anterior que establecía límites más rígidos para determinadas zonas productivas.
Durante la presentación del proyecto, Bullrich defendió la modificación y sostuvo que el nuevo esquema busca equilibrar la llegada de inversiones con la protección del territorio nacional. También comparó el límite propuesto con modelos aplicados en otros países de la región.
Además del capítulo referido a tierras rurales, la reforma incluye cambios vinculados a expropiaciones, desalojos y modificaciones sobre la normativa relacionada con áreas afectadas por incendios. Estos puntos forman parte de una agenda más amplia impulsada por el oficialismo para reducir regulaciones consideradas restrictivas.
El debate llega al Senado con una negociación abierta y con especial atención sobre los acuerdos que pueda alcanzar el Gobierno con bloques aliados. La definición dependerá de una votación ajustada en la que cada respaldo será clave para determinar el futuro de la iniciativa.
