Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para establecer el cobro de las prestaciones de salud en hospitales públicos y de las carreras de grado en universidades provinciales estatales a extranjeros que no acrediten residencia permanente en la Argentina.
La propuesta toma como referencia las categorías migratorias previstas en la Ley Nacional 25.871 y plantea que el acceso gratuito a estos servicios quede reservado para quienes cuenten con residencia permanente. Según los fundamentos del proyecto, la medida busca priorizar el uso de los recursos públicos y garantizar su sostenibilidad.
En materia sanitaria, la iniciativa establece que los extranjeros alcanzados deberán afrontar el costo de las prestaciones por cuenta propia, mediante un seguro de salud o a través de un tercero responsable. Para las prácticas programadas, será necesario acreditar la cobertura o abonar el arancel antes de recibir la atención.
El proyecto también prevé que los cobros se canalicen a través del Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.), cuyos recursos serían destinados al fortalecimiento del sistema público de salud mediante la compra de insumos, medicamentos, equipamiento, mejoras de infraestructura y otras inversiones para optimizar la atención.
Uno de los puntos centrales es que la atención de urgencia o emergencia no podrá ser rechazada ni demorada por cuestiones económicas. En esos casos, el paciente deberá ser asistido de inmediato y cualquier trámite de facturación se realizará una vez superada la situación de riesgo.
En el ámbito educativo, la iniciativa dispone que las universidades provinciales estatales establezcan aranceles para los estudiantes extranjeros que no posean residencia permanente. Cada institución tendrá la facultad de definir los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización conforme a la normativa vigente.
Además, el proyecto incorpora un esquema de transparencia que obliga al Ministerio de Salud y a las universidades a publicar todos los años información sobre la cantidad de prestaciones alcanzadas, estudiantes comprendidos, montos facturados y cobrados, exenciones otorgadas y destino de los fondos, sin divulgar datos personales.
Si la iniciativa obtiene la aprobación legislativa, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días para reglamentar la ley, elaborar el nomenclador correspondiente y fijar el mecanismo de facturación. En ese mismo período, las universidades provinciales deberán adecuar sus reglamentos internos para aplicar el nuevo régimen.
