El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zona Fría para el consumo de gas, una medida impulsada por el Ejecutivo nacional que reduce drásticamente el mapa de alcance de las tarifas subsidiadas. La iniciativa busca retornar al esquema normativo original aprobado en 2002 y dar de baja las ampliaciones territoriales concedidas en 2021, con el objetivo de recortar el gasto público y sanear el fondo fiduciario que financia el sistema.
La sanción implica que más de 1,6 millones de usuarios residenciales dejarán de recibir de manera automática el descuento tarifario, el cual oscilaba entre un 30% y un 50% sobre el valor del servicio. Según proyecciones del área energética, la medida generará un ahorro fiscal estimado entre 200.000 y 480.000 millones de pesos, al concentrar los recursos únicamente en los sectores geográficos de mayor rigurosidad climática.
Con este nuevo marco regulatorio, el beneficio quedará acotado exclusivamente a los residentes de la región patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. Todas las subzonas incorporadas hace tres años perderán la bonificación automática por localización geográfica. Esto abarca a decenas de municipios y departamentos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, San Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Salta.
Para los usuarios que quedan fuera del mapa prioritario pero que requieran asistencia estatal, la única vía de contención será la inscripción en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados. Quienes califiquen dentro de este registro mantendrán un descuento parcial según sus niveles de ingreso y vulnerabilidad, aunque la quita del régimen general afectará a la mayoría de las familias de zonas templadas que venían percibiendo la bonificación.
El impacto económico de la reforma se sentirá directamente en la facturación mensual. Estimaciones técnicas señalan que las familias que pierdan la asistencia de Zona Fría afrontarán incrementos promedio de 15.000 pesos en sus boletas. En ciudades de consumo intensivo, los montos finales pueden llegar a duplicarse respecto de los valores abonados en el esquema previo.
Otro ajuste técnico sustancial radica en la forma de cálculo y transferencia de los fondos. La compensación estatal dejará de aplicarse sobre la tarifa final integrada y se calculará únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. Asimismo, la liquidación se tramitará de forma directa con los productores de hidrocarburos, sacando a las distribuidoras de la cadena de intermediación monetaria para evitar descalces contables en el fondo financiador.
La reforma reconfigura el esquema tarifario en todo el país y marca el fin de la asistencia generalizada para las zonas no patagónicas, consolidando una política energética orientada a la focalización del gasto y la quita de transferencias universales.
