El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, fueron denunciados judicialmente por las pérdidas registradas en operaciones financieras vinculadas con las reservas de oro. La presentación también alcanza al exfuncionario Juan Curuchet y solicita investigar las decisiones que derivaron en un resultado negativo de USD 1.023 millones.
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. El objetivo es determinar quiénes autorizaron las operaciones, cuáles fueron sus fundamentos y si provocaron un perjuicio económico para el Estado.
El planteo se apoya en una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. El informe registró pérdidas equivalentes a unos $1,469 billones a valores de cierre.
Según los datos examinados, USD 960,2 millones correspondieron a resultados negativos por opciones financieras, mientras que otros USD 62,8 millones se destinaron al pago de primas.
Desde la AGN señalaron que se trata de una pérdida de magnitud inédita en los estados contables del organismo auditados hasta el momento. Sin embargo, la revisión emitió una opinión favorable sobre el procedimiento utilizado para realizar las operaciones, sin avalar su resultado económico.
Dalbón pretende que la Justicia reconstruya el circuito de las transacciones y establezca qué funcionarios intervinieron, qué contrapartes participaron y qué criterios económicos se utilizaron. También pidió examinar los riesgos asumidos y los controles aplicados.
El abogado anticipó que el martes 13 de octubre ampliará la denuncia con nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan. Además, reclamará medidas para preservar pruebas y evitar la pérdida de información relevante.
La presentación también vuelve a poner en discusión el traslado de lingotes de oro del Banco Central al exterior, una operatoria cuestionada por la falta de información pública sobre su destino y ubicación actual.
De todos modos, el resultado negativo de las operaciones no implica por sí mismo la existencia de un delito. La eventual responsabilidad de los funcionarios deberá establecerse a partir de las pruebas y de la investigación judicial.
La causa buscará determinar si las decisiones financieras estuvieron debidamente justificadas y si generaron un daño patrimonial para el Estado.
