La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la continuidad del proceso judicial contra Julio De Vido y Alessandra Minnicelli por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de rechazar un recurso presentado por la defensa del exfuncionario y su esposa.
El expediente se originó por la sospecha de un incremento patrimonial que no habría sido explicado de manera suficiente durante los años en los que De Vido ocupó cargos públicos nacionales, entre 2003 y 2017. La Justicia investiga principalmente un inmueble valuado en cientos de miles de dólares y la tenencia de dinero en efectivo cuyo origen no habría sido acreditado.
El procesamiento había sido dictado por el juez federal Sebastián Casanello, quien consideró que existían elementos para avanzar contra De Vido como presunto autor del delito y contra Minnicelli como partícipe necesaria. Además, ambos recibieron un embargo de $998 millones.
Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky declararon inadmisible el planteo presentado por los abogados defensores al considerar que no se cumplían los requisitos para habilitar una instancia extraordinaria de revisión.
La investigación analiza un patrimonio cercano a los 677.000 dólares que, de acuerdo con la causa, estaría compuesto por una propiedad valuada en alrededor de 587.000 dólares y unos 90.000 dólares en efectivo. Según el expediente, los acusados no habrían logrado demostrar el origen de esos fondos.
Uno de los puntos centrales del caso es un departamento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires que habría sido adquirido mediante una sociedad y que, según la hipótesis judicial, podría haber funcionado como una maniobra para ocultar a sus verdaderos propietarios.
El inmueble habría estado vinculado a la firma Uni-Vite Argentina S.A. y, durante varios años, De Vido y Minnicelli habrían figurado como ocupantes bajo la figura de alquiler. La Justicia investiga si esa situación encubría una relación patrimonial diferente a la declarada.
La causa también analiza operaciones inmobiliarias realizadas entre 2007 y 2023, período en el que el valor del departamento habría registrado importantes variaciones. Los investigadores pusieron bajo la lupa las diferencias entre las valuaciones del inmueble y los montos declarados en las operaciones de compra y venta.
La defensa del exministro había buscado que el caso fuera revisado por una instancia superior, pero Casación entendió que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva y que no se acreditó una cuestión federal que permitiera avanzar con ese recurso.
De Vido, además, cumple actualmente arresto domiciliario por motivos de salud tras condenas vinculadas a otros expedientes de corrupción. Entre ellas se encuentran causas relacionadas con la tragedia ferroviaria de Once, la compra de material ferroviario y la adquisición de gas natural licuado.
El exfuncionario también permanece involucrado en otras investigaciones judiciales, entre ellas la causa conocida como “Cuadernos”, donde se investigan presuntos pagos ilegales durante distintos gobiernos.
Con la decisión de Casación, la causa por supuesto enriquecimiento ilícito continuará su curso mientras la Justicia analiza el origen de los bienes cuestionados y la documentación presentada por las partes.
