La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de Máximo y Florencia Kirchner para frenar el decomiso de bienes vinculados a la causa Vialidad. De esta manera, el Tribunal Oral Federal N° 2 podrá continuar con las medidas cautelares destinadas a asegurar la recuperación de una suma estimada en $685.000 millones.
La decisión fue tomada por unanimidad por la Sala IV de Casación, que consideró que los recursos presentados por la defensa no cumplían con los requisitos necesarios para ser tratados por ese tribunal.
Los hijos de Cristina Fernández de Kirchner no fueron condenados en el juicio por la obra pública, pero la Justicia determinó que determinados bienes vinculados a ellos podían quedar alcanzados por el proceso de decomiso.
La defensa había solicitado suspender las actuaciones patrimoniales hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de queja pendiente. Según el planteo, continuar con el procedimiento podría afectar una eventual decisión favorable del máximo tribunal y comprometer derechos como la propiedad y la defensa en juicio.
Sin embargo, los camaristas entendieron que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva ni impide que el proceso continúe. También remarcaron que el tribunal oral no rechazó de manera definitiva los pedidos de la defensa, sino que postergó su tratamiento para una instancia posterior.
En cuanto a los embargos, Casación sostuvo que se trata de medidas preventivas destinadas a preservar los bienes mientras avanza el proceso. Por eso, aclaró que no modifican la titularidad de los inmuebles ni significan una decisión definitiva sobre su destino.
El reclamo de Hotesur y Los Sauces
La misma resolución alcanzó a Hotesur y Los Sauces, empresas de las que Máximo y Florencia Kirchner son accionistas mayoritarios.
La defensa de las sociedades había cuestionado los embargos sobre 13 inmuebles y sostuvo que las medidas afectan el funcionamiento comercial de las compañías. También planteó que las empresas tienen una personalidad jurídica y un patrimonio diferente al de sus accionistas.
Casación consideró que, por el momento, no existe una vulneración de sus derechos. El tribunal oral todavía no abrió formalmente el debate sobre el pedido de decomiso de esos bienes, por lo que las empresas tendrán la posibilidad de presentar sus argumentos cuando esa etapa comience.
El fallo también señaló que la existencia de un reclamo pendiente ante la Corte Suprema no impide que el tribunal de primera instancia adopte medidas destinadas a garantizar que un eventual decomiso pueda cumplirse.
Con esta decisión, la Justicia mantiene en marcha el proceso de ejecución patrimonial derivado de la causa Vialidad. El procedimiento busca asegurar los bienes que podrían ser alcanzados por el decomiso mientras continúa pendiente la definición del máximo tribunal.
La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes coincidieron en rechazar los recursos presentados por las defensas.
