La disputa por el destino judicial de la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA llegó este miércoles a la Cámara Federal de Casación. La defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, reclamó que el expediente vuelva al juzgado federal de Campana, mientras el fiscal Mario Villar sostuvo que debe continuar en el fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires.
El abogado Mariano Morán expuso ante los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar y cuestionó la decisión de la Cámara en lo Penal Económico que dispuso enviar la investigación al Juzgado en lo Penal Económico 10, subrogado por Verónica Straccia. Villar, por su parte, pidió rechazar el recurso de la defensa.
Una mansión de USD 17 millones y una causa que ya pasó por cuatro jueces
La causa comenzó por la compra de una propiedad de 105.000 metros cuadrados en Pilar, valuada en USD 17 millones, con helipuerto, pileta, cancha de pádel y un galpón donde se encontraron 54 autos de lujo y colección. También fueron hallados caballos árabes y otros bienes.
La quinta está a nombre de Real Central SRL, sociedad de Pantano y Conte. Según la denuncia, ninguno tendría ingresos declarados que permitieran justificar semejante inversión. La hipótesis bajo investigación apunta a que serían presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Durante un allanamiento se encontraron elementos vinculados con el dirigente. Entre ellos, según consta en los textos fuente, había cédulas azules de vehículos a nombre de familiares de Toviggino. Pantano, además, tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que pagaba los Telepase de los autos.
El expediente, iniciado en diciembre del año pasado, ya pasó por cuatro jueces. En la actualidad, Straccia delegó la investigación en la fiscalía de Claudio Navas Rial.
La defensa reclama que la causa vuelva a Campana
Morán sostuvo ante Casación que el juez que debe intervenir es Adrián González Charvay, titular del juzgado federal de Campana, porque la propiedad investigada está ubicada en Pilar.
"El hecho se exterioriza en Pilar, la competencia territorial es en Pilar, provincia de Buenos Aires", afirmó durante la audiencia. También sostuvo: "Lo que está en juego es dónde se manifiesta el delito y eso es lisa y llanamente la provincia de Buenos Aires".
El abogado denunció además "presión mediática como un factor extrajurídico" y cuestionó las sucesivas ampliaciones de la pesquisa. Según planteó, esas presentaciones terminaron por "engordar" el objeto original del expediente.
"Hay denunciantes seriales que vienen engordando el objeto... que la AFA, que TourProdEnter", afirmó Morán. También habló de un supuesto "forum shopping" destinado, según su postura, a mantener el caso en la Ciudad de Buenos Aires.
"No elegimos el lugar, queremos que sea el juez natural que le toque, no por conveniencia de una parte sino por un designio constitucional", sostuvo.
Para la defensa, la decisión de la Cámara en lo Penal Económico fue "nula" porque el expediente nació para determinar si Pantano y Conte cometieron alguna conducta penalmente relevante al adquirir el inmueble ubicado en Pilar.
La fiscalía sostiene que la trama excede a Pilar
Villar planteó una lectura distinta. Según sostuvo, el expediente ya no se limita a determinar cómo se compró la quinta, sino que alcanzó sociedades, movimientos financieros, vehículos, inmuebles y otras operaciones que exceden territorialmente a Pilar.
El fiscal señaló que se investiga una presunta desviación de fondos institucionales, su eventual ocultamiento a la propia AFA y a organismos estatales y el posterior ingreso de parte de esos activos al sistema económico legal mediante financieras, estudios jurídicos y sociedades como Central Park Drinks SRL y Real Central SRL.
Los hechos, sostuvo, aparecen relacionados con el eventual "desvío de fondos en perjuicio de la AFA" y posibles actos de lavado de activos mediante "un complejo entramado societario y de relaciones económicas entre distintas personas físicas y jurídicas relacionadas con el fútbol profesional".
Villar remarcó además que buena parte de las sociedades y operaciones investigadas aparecen territorialmente vinculadas con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"No se advierte, en cambio, que el partido de Pilar hubiera constituido el centro de administración de las sociedades, el lugar de adopción de sus decisiones, el ámbito de organización de los movimientos financieros o el sitio donde se hubieran formalizado los principales actos jurídicos", argumentó.
También defendió la intervención del fuero penal económico porque la causa involucra operaciones societarias complejas y consideró que su experiencia específica favorece una valoración integral de la prueba.
Los planteos contra los jueces y la decisión de Casación
Antes de la audiencia, Villar pidió suspenderla a raíz de presentaciones realizadas por Elisa Carrió y el empresario Guillermo Tofoni. Ambos cuestionaron la intervención de Barroetaveña por haber integrado el Tribunal de Ética de la AFA entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025. Tofoni también recusó a Borinsky por resoluciones que consideró contradictorias dentro de la causa.
Barroetaveña, presidente de la Sala I, rechazó suspender la audiencia porque quienes formularon los planteos no son parte en este expediente. La exposición oral se realizó entonces como estaba previsto y tuvo a Morán como único expositor.
Al cierre, Borinsky le preguntó por las diferencias entre el recurso actual y otro presentado anteriormente ante Casación. En aquella oportunidad se había discutido qué fuero debía resolver el destino del expediente; ahora se cuestiona específicamente la decisión de enviarlo a un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires.
Con los argumentos incorporados, Casación quedó en condiciones de resolver si la causa continúa en el fuero penal económico o regresa al juzgado federal de Campana. El tribunal tiene cinco días hábiles para tomar una decisión.
