El miércoles 13 de agosto vence el plazo ordenado por el Tribunal Oral Federal 2 para que todos los condenados en la causa Vialidad presenten los $684.000 millones en concepto de reparación por los delitos cometidos.
La cuenta judicial que se abrió en el Banco Nación para recaudar se encuentra sin movimientos. Si este mismo escenario se presenta el miércoles, el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, deberá avanzar con la ejecución de los bienes embargados al principio de la causa hasta cubrir el monto estipulado.
La medida es "consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”, advirtieron los jueces.
Como se trata de un concepto solidario para reparar el daño causado, el monto no se divide en partes iguales entre los condenados, sino que deberán ponerse de acuerdo entre ellos sobre el valor que devolverá cada uno.
Teniendo en cuenta eso, avanzar sobre algún bien de Cristina Kirchner será complejo porque la expresidenta cedió en 2016 todo su patrimonio a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y actualmente su único ingreso declarado es su jubilación.
Además, como no es el único litigio judicial que enfrenta la expresidenta, también existen embargos en la causa Hotesur-Los Sauces, un expediente ligado al de Vialidad, donde, a pesar de los reiterados pedidos de la defensa, el TOF 5 rechazó levantar el embargo millonario sobre los bienes de Cristina Kirchner y su hijo mayor.
El embargo en la causa es de 6 millones de dólares en efectivo, 50 propiedades, como departamentos en Puerto Madero, en Río Gallegos y en El Calafate. También terrenos y vehículos.
El TOF podrá entonces solicitar el juicio de ejecución contra los bienes identificados por los fiscales de la causa: cuatro cajas de ahorro (tres en pesos y una en dólares), además de una cuenta comitente y una caja de seguridad en el Banco Galicia.
También una caja de ahorro en el Banco Nación y cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz.
Además, figuran en el dictamen de Diego Luciano y Sergio Mola cuatro cuentas en la Caja de Valores: una comitente en codominio con sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y otra en codominio con Néstor Carlos Kirchner y Rudy Ulloa. También aparecen otras dos cuentas en el Registro de Tenedores de Bonos del Gobierno Nacional.
Otra opción, aunque más compleja, sería que la Justicia cuestione la herencia anticipada realizada por la expresidenta a sus hijos e intente demostrar que estuvo viciada con el objetivo de evadir futuras condenas que impliquen un decomiso.
Dentro de este panorama también se debe tener en cuenta que Cristina Kirchner inició una causa ante el fuero de la Seguridad Social para que se le restituya su jubilación de privilegio y la pensión vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner, luego de la decisión del Gobierno de dar de baja las asignaciones por la condena en Vialidad.
Al iniciar el expediente, la defensa de CFK aseguró que la decisión del gobierno de Javier Milei constituye “una vulneración de un derecho alimentario que, además de violentar su derecho humano a la seguridad social, lo hace con su derecho a la subsistencia y, por tanto, al derecho a la vida”.
Además, remarcó que la expresidenta no tiene otros medios de subsistencia. Al no tener bienes a su nombre y como la jubilación es de carácter alimentario, la Justicia podría embargar apenas un porcentaje del ingreso si decide avanzar sobre el mismo, aunque resulta insignificante para el monto que buscan cubrir como reparación.
