La alimentación de las personas privadas de su libertad generó un fuerte enfrentamiento entre la Justicia y el Gobierno de Chubut. Un juez ordenó reforzar el contenido nutricional de las comidas que reciben los presos e incorporar carne roja, mientras el gobernador Ignacio Torres rechazó la medida y cuestionó duramente al magistrado.
La resolución fue dictada por el juez Marcelo Nieto Di Biase, a partir de un habeas corpus colectivo presentado por internos del Instituto Penitenciario Provincial. El magistrado estableció un plazo de 72 horas para que las autoridades adopten medidas destinadas a mejorar el aporte de proteínas en las viandas.
El reclamo surgió por las condiciones de alimentación denunciadas por los detenidos. Según los planteos realizados durante las audiencias judiciales, las comidas habrían estado compuestas durante varias semanas principalmente por fideos y polenta, con una presencia insuficiente de carne y otros alimentos.
La Defensa Pública también cuestionó el servicio de la empresa encargada de elaborar y entregar las viandas en los establecimientos penitenciarios de Trelew. Además, pidió contemplar situaciones particulares de personas que necesitan dietas especiales por motivos médicos.
El conflicto había escalado previamente con una protesta protagonizada por internos de una alcaidía, durante la cual se registró la quema de colchones dentro de uno de los pabellones.
La decisión judicial provocó una inmediata respuesta del gobernador Ignacio Torres. El mandatario consideró desproporcionada la resolución y cuestionó que el Estado deba garantizar determinados alimentos a quienes se encuentran detenidos.
Torres afirmó que su Gobierno no está dispuesto a cumplir una interpretación que, según sostuvo, obligaría a entregar carne roja de manera permanente. También criticó el criterio del juez y sostuvo que algunas decisiones judiciales terminan priorizando los reclamos de los presos por encima de otras obligaciones del Estado.
El gobernador fue aún más duro al referirse al magistrado, al que acusó de actuar de manera parcial en favor de las personas privadas de su libertad. Además, mencionó otros expedientes en los que intervino Di Biase para cuestionar su desempeño.
La disputa tendrá un nuevo capítulo este lunes 24 de agosto, cuando se realice una audiencia destinada a controlar el cumplimiento de la resolución. Allí se analizarán las medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial y las condiciones actuales de las viandas.
El enfrentamiento pone nuevamente en discusión las condiciones de alimentación dentro de las cárceles y el alcance de las obligaciones del Estado frente a las personas privadas de su libertad. También abre un debate sobre hasta dónde puede intervenir la Justicia en las políticas penitenciarias de una provincia.
