El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó este lunes a varios empresarios, despachantes de aduana y operadores logísticos por integrar la primera organización criminal investigada en la causa conocida como la “Mafia de los Contenedores”.
La maniobra de contrabando agravado se realizaba mediante documentación falsa que generó un perjuicio fiscal superior a los 18 millones de dólares entre agosto de 2015 y enero de 2016.
El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni, impuso penas de siete años de prisión a Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, a quienes consideró coautores del delito de contrabando agravado.
Jorge Carlos Fano, titular de la firma TT Cargo S.A., y Eduardo Urraco recibieron condenas de seis años de prisión. Otros integrantes de la organización fueron sentenciados a penas de entre cuatro y cinco años y 10 meses de cárcel.
El fallo dispuso también el retiro de la personería jurídica y la cancelación de la inscripción registral de las sociedades TT Cargo S.A. y Cuiper S.A., utilizadas como vehículos para la maniobra ilícita.
El tribunal rechazó todos los planteos de nulidad formulados por las defensas, incluyendo aquellos referidos a los allanamientos, los secuestros de prueba informática y la supuesta violación del plazo razonable del proceso.
El origen de la causa
La investigación acreditó que la organización operaba con un sofisticado sistema de doble circuito documental. Los documentos originales emitidos en China daban cuenta del embarque de telas y prendas de vestir, mientras que en la Argentina se generaba una documentación paralela que declaraba la mercadería como carbonato de calcio, un producto que tributa aranceles mínimos.
De esta forma se concretaron 31 operaciones de importación y se frustró un intento adicional detectado en el puerto de Buenos Aires.
El fiscal general ante el juicio oral, Gabriel Pérez Barberá, sostuvo que la prueba permitió acreditar “la existencia de una organización coordinada, con funciones perfectamente distribuidas y un doble circuito documental diseñado para engañar a la Aduana”.
El tribunal consideró acreditados los agravantes legales: la intervención de un funcionario aduanero, la participación de más de tres personas, el uso de documentación adulterada y el elevado valor económico de la mercadería.
La causa es considerada testigo dentro de un conjunto de expedientes que investigan maniobras similares de subfacturación y utilización de empresas pantalla para el ingreso de mercaderías desde Asia eludiendo los controles estatales.
La investigación fue impulsada durante la gestión de Juan José Gómez Centurión en la Dirección General de Aduanas y tramitó ante el juez Marcelo Aguinsky, la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los fundamentos completos del veredicto serán dados a conocer el 22 de septiembre próximo.
