Durante su habitual conferencia en Casa Rosada, el Gobierno de Javier Milei, mediante el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la esposa y el hijo de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela, ya llegaron a la Argentina tras ser rescatados en un exitoso operativo secreto.
Al ser consultado por un periodista, Adorni explicó: "Llegaron al país, fueron recibidos por Gendarmería Nacional y por la ministra Bullrich, pero no te puedo dar más detalles".
"Pero si, efectivamente te confirmo que eso ocurrió anoche", agregó el vocero, y cerró con una importante aclaración: "Están en buen estado de salud".
En un operativo marcado por la coordinación entre distintos niveles y un alto grado de discreción, María Alexandra Gómez García, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por el régimen chavista en Caracas, y su hijo lograron abandonar Venezuela.
La salida de Gómez García y del pequeño Víctor Benjamín tuvo lugar en medio de un clima de creciente tensión política en Venezuela, donde la dictadura de Nicolás Maduro ha recrudecido las detenciones de opositores y ciudadanos extranjeros. El operativo de evacuación fue encabezado por autoridades argentinas, con el respaldo de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Ambos residían en el estado venezolano de Anzoátegui, junto a la madre de Gómez García, pero la situación se volvió insostenible ante la escalada represiva y la crítica situación económica que enfrentaba la familia.
El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien todavía se encuentra secuestrado en Venezuela, fue detenido cuando intentaba visitar a su familia, tras cruzar de manera legal desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Desde entonces, su contacto con el exterior ha sido prácticamente inexistente. La última comunicación que tuvo con su pareja fue el 8 de diciembre, mediante un teléfono prestado por un conductor de remis.
El caso de Gallo forma parte de un patrón más amplio de detenciones arbitrarias que encendió las alertas de varios gobiernos, incluidos los de Argentina, Estados Unidos y Ecuador, que ya advirtieron a sus ciudadanos sobre los riesgos de ingresar a territorio venezolano. La comunidad internacional continúa ejerciendo presión para lograr la liberación de los detenidos y garantizar su integridad física.
