El proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes en las Islas Malvinas, enfrenta complicaciones luego de que dos contratistas decidieran retirarse y un astillero de Singapur evaluara cancelar trabajos vinculados a su principal buque operativo.
Las dificultades aparecen en medio de las medidas legales, económicas y diplomáticas impulsadas por la Argentina para frenar la exploración de hidrocarburos en una zona cuya soberanía reclama el país.
Uno de los principales inconvenientes afecta a Rockhopper Exploration, que informó ante la Bolsa de Londres que dos contratistas dejaron de participar del emprendimiento ante el riesgo de enfrentar consecuencias judiciales y comerciales por sus actividades.
A esto se suma la situación del astillero Seatrium, con sede en Singapur, que analiza rescindir el contrato para reacondicionar el Aoka Mizu, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO), fundamental para el funcionamiento del proyecto.
El escenario se presenta a pocos días de una instancia clave. El próximo 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas para detener las perforaciones.
Desde el Gobierno argentino sostienen que las sanciones vigentes pueden generar consecuencias para las compañías que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización en las áreas en disputa. Las restricciones incluyen la prohibición de operar en territorio nacional y posibles acciones penales.
El impacto también comenzó a reflejarse en los mercados financieros. Las acciones de Rockhopper Exploration registraron una caída del 1,2% en Londres, mientras que los papeles de su socia israelí Navitas Petroleum retrocedieron un 6,59% en Tel Aviv.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno ratificó que la Argentina continuará con las acciones internacionales para defender sus derechos sobre los recursos naturales del Atlántico Sur. También advirtió que las consecuencias legales y comerciales no dependerán exclusivamente de la resolución que se conozca en Hamburgo.
En paralelo, el Gobierno nacional busca avanzar con un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que apunta a endurecer las sanciones contra las empresas que participen de actividades no autorizadas en las zonas bajo disputa.
Sin embargo, el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados quedó postergado esta semana por falta de quórum, por lo que la estrategia oficial continúa concentrada en las vías judiciales, diplomáticas y comerciales.
Pese a las dificultades, Navitas Petroleum mantiene su intención de avanzar con Sea Lion hacia 2027, en la primera etapa de desarrollo del yacimiento. Para ello, la compañía buscaría reemplazar a los contratistas que abandonaron el emprendimiento y reducir el impacto de las restricciones argentinas.