En un nuevo capítulo del caso Vialidad, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen que sacude el tablero judicial y político: respaldó la postura de los fiscales de instancias previas y pidió una condena de 12 años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita para defraudar al Estado.
El pronunciamiento, presentado hace semanas ante la Corte Suprema, no solo duplica la pena establecida por el Tribunal Oral, la Cámara Federal y la Cámara de Casación —que ya habían fijado una sanción menor—, sino que también solicita la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, un golpe directo a las aspiraciones del kirchnerismo.
El escenario, analizado por expertos judiciales, era previsible. Desde que se supo que Casal debía expedirse, los especialistas anticipaban que el Procurador alinearía su criterio con los fiscales, profundizando la presión sobre la exmandataria. Ahora, con el dictamen en manos de la Corte, las especulaciones se multiplican: ¿qué hará el máximo tribunal? Fuentes del ámbito judicial coinciden en que es poco probable que los jueces se aparten de las decisiones de las instancias inferiores, lo que dibuja un panorama adverso para Fernández de Kirchner. Sin embargo, la gran incertidumbre radica en el timing de la resolución.
Inicialmente, se especulaba que el fallo se postergaría hasta después de las elecciones, bajo el argumento de evitar que la Justicia interfiriera en el proceso electoral. Esta hipótesis, que circulaba con fuerza en el kirchnerismo, también estaba vinculada a la preocupación por el proyecto de "Ficha Limpia", una iniciativa que buscaba impedir candidaturas de personas condenadas por corrupción. Pero el contexto cambió: el proyecto legislativo no prosperó y el principio de no intervención judicial en tiempos electorales comenzó a ser cuestionado. Hoy, nadie se anima a pronosticar cuándo se conocerá la sentencia de la Corte.
El máximo tribunal, que opera con solo tres de los cinco jueces que debería tener por ley, enfrentará por primera vez el expediente Vialidad. Los antecedentes no son alentadores para el kirchnerismo: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pese a sus diferencias internas, han mostrado una línea dura en casos de corrupción, fallando en contra de exfuncionarios en reiteradas ocasiones.
En este contexto, el dictamen de Casal no solo eleva la presión sobre Cristina Kirchner, sino que también pone a prueba el delicado equilibrio de poder dentro de la Corte y su rol en un año políticamente decisivo.
