En un fallo con fuertes implicancias patrimoniales, la Cámara Federal de Casación Penal avaló que 19 inmuebles pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner sean sujetos a decomiso. La decisión de la Sala IV establece que, aunque los hijos de la ex mandataria no fueron condenados en este expediente, los bienes que recibieron por herencia o cesión conservan la "mancha" de su origen ilícito.
Con esta resolución, la Justicia busca ejecutar el recupero de $684.990 millones, cifra establecida tras la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
El origen ilícito por sobre la titularidad
El eje de la sentencia radica en que el decomiso no es una pena personal contra los actuales titulares, sino una herramienta del Estado para neutralizar los efectos económicos del delito. Según el voto del camarista Gustavo Hornos, la ley permite avanzar sobre activos en manos de terceros cuando estos fueron obtenidos de forma gratuita y provienen de una maniobra defraudatoria ya probada. “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito ya juzgado”, sostuvo Hornos.
Bajo este criterio, la transmisión de bienes tras la muerte de Néstor Kirchner o las cesiones realizadas por la ex presidenta no eximen al patrimonio de ser analizado. Para los jueces, no se vulnera el principio de inocencia de los hijos, ya que no se les atribuye un delito, sino que se examina la situación objetiva del bien.
El rechazo a los argumentos de la defensa
Los abogados de la familia Kirchner habían calificado la medida como "derecho creativo" y una "confiscación" de bienes lícitos obtenidos por vías sucesorias. Sin embargo, Casación remarcó que el Artículo 23 del Código Penal es explícito: el decomiso alcanza a las ganancias que son "producto o provecho del delito", salvo en casos de compradores de buena fe que hayan pagado por el bien, algo que aquí no se verifica.
La medida incluye propiedades emblemáticas, como el hotel Los Sauces, y otros inmuebles adquiridos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el periodo delimitado por la fiscalía de Diego Luciani como el marco temporal de la defraudación.
A pesar del fallo mayoritario de los jueces Hornos, Barroetaveña y Borinsky (este último con una disidencia parcial sobre la fecha de adquisición de algunos activos), se descuenta que la defensa apelará la resolución. La disputa por el patrimonio de los Kirchner se perfila ahora como el próximo gran escenario de batalla legal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra sobre el destino final de las propiedades.
