El Centro Islámico de la República Argentina presentó una denuncia penal contra Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”, por publicaciones que vinculan al islam con delitos como violaciones, decapitaciones, pedofilia y esclavitud.
La presentación quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y abrió una discusión sobre los límites de la libertad de expresión y la discriminación religiosa. La controversia creció luego de que el presidente Javier Milei respaldara uno de los mensajes del influencer con la frase “Tomar nota”.
Desde la institución islámica advirtieron que las generalizaciones sobre una religión pueden fomentar prejuicios y estigmatizar a toda una comunidad. También aclararon que su reclamo no busca impedir las críticas, sino cuestionar expresiones que consideran falsas y discriminatorias.
El organismo sostuvo que los delitos cometidos por determinadas personas o grupos no pueden atribuirse al conjunto de quienes profesan una fe. En ese sentido, alertó sobre los riesgos de trasladar a la sociedad argentina conflictos originados en otras partes del mundo.
La denuncia contra Parisini no sería la única impulsada por la entidad. También presentó acciones contra Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como “El Presto”, y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez por expresiones que considera estigmatizantes.
La respuesta del influencer
Parisini rechazó la acusación y sostuvo que se trata de un intento de censurar sus opiniones sobre el islam. El conductor del programa de streaming La Misa, emitido por el canal Carajo, afirmó que no pedirá disculpas y que está dispuesto a afrontar las consecuencias judiciales de sus declaraciones.
Tras conocerse la presentación, referentes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo salieron a defenderlo. Entre ellos estuvo el diputado bonaerense Agustín Romo, quien cuestionó que se recurra a la Justicia por expresiones difundidas en redes sociales.
El respaldo de Milei también generó repercusiones dentro del oficialismo y expuso diferencias con sectores vinculados a la familia Menem, que mantienen lazos con la comunidad musulmana.
Mientras tanto, la relación entre representantes de esa comunidad y la Secretaría de Culto atraviesa dificultades, según señalaron integrantes del sector, que advirtieron sobre problemas para sostener los canales habituales de diálogo con el Gobierno.
Qué deberá definir la Justicia
La investigación deberá establecer si las publicaciones denunciadas constituyen una infracción legal. En Argentina, la Ley 23.592 contempla sanciones para determinadas conductas discriminatorias, entre ellas algunas vinculadas con la incitación al odio por motivos religiosos.
Por ahora, la presentación abre una instancia judicial en medio de un debate que combina el derecho a expresar opiniones, la responsabilidad por los mensajes públicos y la protección de las comunidades frente a posibles actos de discriminación.
