El hallazgo de equipos de vigilancia en oficinas gubernamentales encendió las alarmas en Entre Ríos. Este miércoles, el gobernador Rogelio Frigerio denunció la presencia de tres dispositivos de espionaje en su despacho y en la Secretaría general de la provincia, informando que ya se presentaron las denuncias penales correspondientes y se iniciaron investigaciones internas.
Frigerio describió el episodio como parte de “prácticas oscuras del pasado” y aseguró que no detendrá la gestión ni los cambios iniciados en diciembre de 2023. “La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, enfatizó, marcando un claro rechazo a métodos clandestinos.
Desde el PRO respaldaron la denuncia y solicitaron la pronta intervención de la Justicia. En un comunicado, el partido calificó los hechos como “gravísimos” y reafirmó la necesidad de que se investigue y sancione a los responsables, recordando que “en democracia no hay lugar para operaciones ni aprietes”.
El incidente se produjo pocas horas antes de la visita a Paraná del ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantendrá reuniones con Frigerio para avanzar en proyectos de obra pública y coordinar mecanismos de articulación con el Estado nacional. Según fuentes oficiales, los encuentros buscan “destrabar proyectos y generar condiciones para nuevas soluciones de infraestructura y desarrollo urbano”.
Entre los temas a tratar se encuentra la aplicación del régimen de cancelación recíproca de deudas entre la provincia y la Nación, una herramienta prevista por la normativa vigente que permite ordenar obligaciones pendientes y, al mismo tiempo, habilitar nuevos proyectos de infraestructura.
En paralelo, Santilli viene encabezando reuniones con distintos gobernadores para garantizar apoyo en el debate de medidas de alcance nacional, como la reforma laboral y la Ley de Glaciares, que se discutirán en el Congreso.
El hallazgo de dispositivos de audio y video refuerza la discusión sobre seguridad y transparencia en la administración pública. El gobernador aseguró que se adoptarán todas las medidas necesarias para identificar a los responsables y evitar que este tipo de prácticas se repitan.
La denuncia también generó un llamado a la reflexión sobre la vigilancia ilegal en dependencias oficiales, en un contexto político donde la coordinación entre provincias y Nación se considera clave para impulsar obras y proyectos estratégicos para el desarrollo regional.
Con la justicia interviniendo y la gestión reafirmando su compromiso con la legalidad, el episodio abre un debate sobre los límites de la seguridad y la protección de la información en la administración pública, mientras se avanza en la planificación de proyectos que buscan mejorar la infraestructura y la vida cotidiana de los ciudadanos.
