Docentes, estudiantes y autoridades universitarias llevan adelante este martes una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, ya aprobada por el Congreso pero aún sin ejecución por parte del Poder Ejecutivo.
La actividad se desarrolla entre las 11 y las 17 bajo el lema “señores jueces, que Milei cumpla la ley”, en continuidad con la marcha universitaria realizada semanas atrás. El objetivo central es visibilizar la situación del sistema universitario nacional y exigir una respuesta inmediata frente a lo que los organizadores describen como un escenario de ajuste que impacta en salarios, becas, investigación y el funcionamiento general de las casas de estudio.
Durante la jornada, profesores de distintas facultades dictan clases abiertas en la vía pública, en un formato de protesta que busca combinar la enseñanza con la denuncia del recorte presupuestario. Desde el sector académico advierten que la falta de implementación de la ley compromete el normal desarrollo de las universidades y afecta a toda la comunidad educativa.
A partir de las 15 está prevista la participación de referentes del ámbito jurídico, académico y político, entre ellos la abogada laboralista y docente universitaria Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, y el docente y dirigente sindical Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA.
En paralelo, el Gobierno nacional sostiene su postura de no aplicar la normativa bajo el argumento del equilibrio fiscal y cuestiona la falta de definición de fuentes de financiamiento para afrontar gastos operativos y salariales del sistema universitario. Esa posición ha derivado en una serie de decisiones administrativas y judiciales que mantienen frenada la ejecución de la ley.
El conflicto también se trasladó al plano institucional. El Consejo Interuniversitario Nacional continúa con sus reclamos y presentó presentaciones formales para exigir el cumplimiento de la norma. El caso ya llegó a instancias judiciales superiores, donde se espera una definición que podría ser clave para el futuro del financiamiento universitario en el país.
Mientras tanto, la protesta en las calles vuelve a poner en agenda el debate por el presupuesto educativo y el rol del Estado en el sostenimiento de la universidad pública, en un contexto de creciente tensión entre el sistema académico y el Gobierno nacional.
