El Gobierno apelará el fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Ejecutivo avanzar con su cumplimiento.
La decisión fue tomada luego de que el juez federal Martín Cormick hiciera lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado dispuso que el Gobierno implemente la norma, que contempla fondos para salarios docentes y no docentes, becas, investigación y gastos de las universidades nacionales.
El fallo cuestionó específicamente el decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y contemplara las partidas correspondientes dentro del presupuesto.
Para Cormick, esa condición no podía utilizarse para impedir la aplicación de una ley que había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso. En ese sentido, sostuvo que la normativa ya contempla mecanismos para obtener los recursos necesarios, entre ellos la adecuación de partidas y el uso de ingresos corrientes superiores a los previstos.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido sancionada en agosto de 2025, luego de que el Congreso insistiera con su aprobación tras el veto presidencial. Finalmente, el Ejecutivo promulgó la norma, aunque estableció condiciones para su implementación.
El conflicto judicial se suma a una disputa que lleva meses entre el Gobierno, las universidades y los gremios del sector. En diciembre de 2025, el mismo juez había ordenado aplicar de manera inmediata los artículos vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
Esa medida fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y posteriormente quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso presentado por el Estado.
Desde el Gobierno sostienen que hubo avances en materia salarial y de financiamiento. En junio, el Ejecutivo había acordado con el CIN y los gremios una recomposición de la masa salarial del 24,33% y una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento.
Sin embargo, la Justicia consideró que esas medidas no alcanzaban para demostrar el cumplimiento integral de la normativa. El magistrado también cuestionó la forma en que el Gobierno calculó la evolución de los salarios y rechazó limitar la actualización de las becas a un único programa.
La disputa también continúa en el Congreso, donde el financiamiento de las universidades nacionales forma parte de la discusión presupuestaria. El sector universitario reclama mayores recursos para sostener los salarios, el funcionamiento, la investigación y las políticas de asistencia a estudiantes.
Con la nueva apelación, será la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la que deberá revisar el fallo de primera instancia. Mientras tanto, el conflicto por el financiamiento universitario continúa abierto y las universidades y gremios mantienen sus reclamos.
