El Gobierno nacional concretó una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones y habilitó el traspaso de 1.871 kilómetros de rutas nacionales a empresas privadas, que desde ahora estarán a cargo de la operación, mantenimiento y mejoras de distintos corredores viales.
La medida implica que dos grandes tramos que estaban bajo administración de la empresa estatal Corredores Viales pasarán a ser gestionados por consorcios privados durante los próximos 20 años. El objetivo oficial es impulsar inversiones, mejorar la infraestructura y reducir la participación directa del Estado en la administración de rutas.
Los corredores adjudicados corresponden al Tramo Pampa y al Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur. El primero incluye la Ruta Nacional 5, mientras que el segundo abarca sectores de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
Con esta transferencia, las empresas deberán asumir las tareas de conservación, mantenimiento y ejecución de obras necesarias para garantizar el funcionamiento de los corredores. Según estableció el esquema de concesión, los trabajos estarán financiados por los operadores privados, sin aportes ni subsidios del Estado nacional.
El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur fue adjudicado a un consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, mientras que el Tramo Pampa quedó en manos de Construcciones Electromecánicas del Oeste SA. Los contratos contemplan una duración de dos décadas y buscan brindar previsibilidad para la planificación de inversiones de largo plazo.
La decisión forma parte de una política más amplia del Gobierno para avanzar con la participación privada en la infraestructura pública. La Red Federal de Concesiones contempla la incorporación progresiva de distintos corredores viales del país bajo nuevos modelos de administración.
Aunque los tramos entregados en esta etapa no incluyen rutas nacionales que atraviesen Salta, la medida tiene impacto en el sistema logístico argentino, especialmente en el transporte de cargas y la conexión entre regiones productivas. La provincia depende de una red vial estratégica para el traslado de productos agrícolas, mineros e industriales hacia otros puntos del país y los mercados internacionales.
Además de la concesión de rutas, el Gobierno destacó otros indicadores vinculados a la actividad económica. Entre ellos, la aprobación de nuevos proyectos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el crecimiento de las exportaciones agroindustriales y el aumento de la producción petrolera.
Uno de los proyectos aprobados corresponde al desarrollo hidrocarburífero Rincón de Aranda, ubicado en Vaca Muerta, con una inversión prevista de 4.500 millones de dólares. La iniciativa forma parte del impulso que busca ampliar la producción energética y fortalecer las exportaciones.
También se informó un incremento en las ventas externas de carne vacuna y un récord en exportaciones agroindustriales durante los primeros meses del año. En paralelo, la producción de petróleo alcanzó niveles históricos, con una fuerte participación de la formación Vaca Muerta.
La concesión de nuevos corredores viales se suma así a una serie de medidas económicas orientadas a atraer inversiones privadas y modificar el esquema de gestión de infraestructura en Argentina.
