El Gobierno nacional confirmó el envío al Congreso de un ambicioso proyecto de reforma electoral que apunta a modificar de raíz el sistema político argentino. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de los partidos y la implementación del mecanismo conocido como Ficha Limpia, que impediría competir a dirigentes con condenas por corrupción.
El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde planteó el fin de lo que considera privilegios de la política tradicional. La propuesta se formalizará en la Cámara de Diputados y buscará avanzar en el transcurso del año legislativo, aunque el escenario anticipa un debate intenso tanto en el oficialismo como en la oposición.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de las PASO, el sistema que desde 2009 define candidaturas dentro de cada espacio político. Desde el Ejecutivo sostienen que estas elecciones implican un gasto innecesario y obligan a la ciudadanía a financiar internas partidarias. Sin embargo, distintos sectores políticos consideran que las primarias son una herramienta clave para ordenar la competencia y legitimar liderazgos dentro de las alianzas.
La resistencia a este cambio no proviene únicamente de la oposición más dura. También hay reparos en sectores que, en otros temas, han acompañado al oficialismo. Espacios como el radicalismo y el PRO ven en las PASO una instancia útil para resolver disputas internas y definir estrategias electorales sin fracturas.
Otro eje relevante de la reforma es el rediseño del esquema de financiamiento político. El Gobierno propone reducir o eliminar el aporte estatal a las campañas y promover un sistema basado en contribuciones privadas, donaciones y aportes de afiliados. La intención es achicar el gasto público destinado a la política y fomentar una mayor participación de la sociedad en el sostenimiento de los partidos.
No obstante, este punto también genera cuestionamientos. Especialistas y dirigentes advierten que una mayor dependencia de fondos privados podría afectar la transparencia y generar desigualdades entre fuerzas políticas, favoreciendo a aquellas con mayor capacidad de financiamiento y limitando la participación de espacios más chicos.
En paralelo, el proyecto incluye la implementación de Ficha Limpia, una iniciativa que busca impedir que personas con condenas judiciales por delitos de corrupción puedan ser candidatas a cargos electivos. Se trata de una propuesta que ha tenido respaldo en distintos sectores, aunque su aplicación concreta y los criterios judiciales que se tomarán siguen siendo motivo de discusión.
La iniciativa se da en un contexto político particular, lejos de un calendario electoral inmediato, lo que podría facilitar el debate legislativo. Desde el oficialismo sostienen que este es el momento adecuado para encarar una reforma estructural sin presiones electorales directas.
El recorrido parlamentario no será sencillo. En Diputados, el oficialismo cuenta con un número importante de aliados, pero en el Senado la correlación de fuerzas es más ajustada, lo que obliga a negociar cada punto del proyecto.
Con este paquete de medidas, el Gobierno busca imprimir un cambio profundo en las reglas de juego de la política argentina. La discusión recién empieza y promete convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda legislativa en los próximos meses.
