El Gobierno nacional volvió a tensar su relación con las universidades públicas en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria. A través de un comunicado difundido por La Libertad Avanza, el oficialismo calificó la movilización como una “marcha política opositora” y buscó desacreditar el reclamo impulsado por estudiantes, docentes y trabajadores del sistema universitario.
Desde el espacio que conduce el presidente Javier Milei sostuvieron que existe una intención de instalar que el Ejecutivo pretende desfinanciar a las universidades nacionales. En ese marco, defendieron la política económica del Gobierno y remarcaron que mantener el equilibrio fiscal es una prioridad de la administración libertaria.
La movilización se realiza en medio de una fuerte disputa por la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación quedó suspendida hasta que la Corte Suprema resuelva el conflicto judicial. El oficialismo insiste en que la norma es inviable porque no establece de dónde saldrían los recursos para afrontar el gasto que implicaría su implementación.
Según argumentó el Gobierno, el impacto económico de esa ley rondaría los 1,9 billones de pesos, algo que —afirman— pondría en riesgo el objetivo de déficit cero. En el comunicado también señalaron que aumentar el gasto público implicaría volver a emitir dinero o incrementar impuestos, dos medidas que vinculan directamente con una mayor inflación.
A su vez, desde Casa Rosada aseguraron que las transferencias para el funcionamiento de las universidades se realizan con normalidad y destacaron que las partidas previstas para 2026 contemplan un incremento presupuestario. El oficialismo también buscó diferenciarse de la gestión anterior al señalar que actualmente los pagos se efectúan de manera mensual y con una inflación más baja que en años previos.
Pese a esa postura, el conflicto universitario continúa creciendo y este martes se desarrolla una nueva jornada federal de protesta en distintos puntos del país. La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, federaciones estudiantiles y sindicatos docentes y no docentes.
Entre los principales reclamos aparecen la recomposición salarial, el aumento de becas estudiantiles y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio. También cuestionan la suspensión de artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema educativo superior.
La protesta suma además el respaldo de organizaciones sindicales, agrupaciones políticas y sectores sociales que acompañan el reclamo por la educación pública. En las convocatorias anteriores también participaron miles de personas autoconvocadas, familias y referentes de distintos ámbitos culturales.
En paralelo, el operativo de seguridad vuelve a estar en el centro de la escena. Aunque el protocolo antipiquetes se mantiene vigente, en las marchas universitarias anteriores la estrategia oficial se enfocó más en controles y vallados que en impedir las movilizaciones.
La tensión entre el Gobierno y las universidades ya se convirtió en uno de los principales focos de conflicto político desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Mientras el oficialismo insiste con sostener el ajuste y el equilibrio fiscal, el sector universitario asegura que el sistema atraviesa una situación crítica y reclama respuestas urgentes.
