El presidente Javier Milei ordenó avanzar con fuertes sanciones económicas contra los gremios del transporte UTA y La Fraternidad, que participaron del paro nacional convocado por la CGT el 19 de febrero.
La instrucción fue dirigida a la Secretaría de Transporte, área que depende del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, con el objetivo de aplicar multas multimillonarias por el incumplimiento de la conciliación obligatoria.
Las sanciones alcanzan principalmente a dos organizaciones clave del sistema de transporte público. La multa contra la Unión de Tranviarios Automotor rondaría los $70.000 millones, mientras que la penalidad para La Fraternidad se ubicaría cerca de los $20.000 millones.
La decisión oficial se produjo después de que ambos sindicatos se plegaran a la medida de fuerza impulsada por la central obrera pese a que regía una conciliación laboral obligatoria. En el caso de la UTA, el procedimiento había sido dictado el 10 de febrero con vigencia hasta el 26 de ese mes. Para La Fraternidad, la conciliación había sido establecida el 4 de febrero con el mismo plazo.
Dentro del Gobierno explican que el objetivo de la sanción es dejar un precedente. "Lo que buscábamos era dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Deben cumplir con la ley", señaló una fuente oficial con conocimiento del proceso.
En las primeras evaluaciones dentro de la administración libertaria se había considerado avanzar con una medida aún más dura: la quita de la personería gremial. Sin embargo, la estrategia fue reformulada y se optó por aplicar sanciones económicas de gran magnitud como primera respuesta institucional frente a la desobediencia del procedimiento laboral.
En la Casa Rosada advierten que la discusión no está cerrada. Funcionarios del área de Transporte sostienen que el pago de las multas será determinante para el futuro de la relación con los sindicatos. En caso de que los gremios desconozcan las sanciones o se nieguen a abonarlas, el Gobierno anticipa que volverá a considerar la posibilidad de retirar la personería gremial a las organizaciones involucradas.
