El oficialismo inició negociaciones con bloques dialoguistas para intentar destrabar el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada, un proyecto que modifica el régimen de compra de tierras, introduce cambios en barrios populares y redefine normas sobre desalojos y manejo del fuego.
Según fuentes parlamentarias, aún no están garantizados los votos para firmar dictamen ni para aprobar la iniciativa en el recinto, por lo que el Gobierno buscará consensos con legisladores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.
La falta de acuerdos también retrasa la convocatoria al plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde debe discutirse el proyecto.
"El oficialismo reconoce que no cuenta con los votos y negocia cambios clave para avanzar con la Ley de Propiedad Privada."
Cambios en la compra de tierras
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación del límite de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros, establecido por la ley 26.737 sancionada en 2011.
La iniciativa propone levantar esas restricciones y mantener controles únicamente cuando intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el argumento de resguardar la soberanía.
Sin embargo, sectores dialoguistas plantean objeciones. Coinciden en revisar el esquema actual, pero rechazan una apertura sin límites cuantitativos, especialmente en provincias con territorios estratégicos.
Barrios populares y riesgo de desalojos
Otro eje de conflicto es la modificación de la ley 27.453. El proyecto plantea limitar las expropiaciones de tierras destinadas a la regularización de barrios populares y eliminar la suspensión de desalojos vigente por diez años.
Además, deroga artículos clave que establecían mecanismos de acceso a la propiedad y reduce la participación de organizaciones sociales en obras, al suprimir el 25% de cupo destinado a estos espacios.
Desde distintos bloques advierten que estos cambios podrían derivar en un aumento de desalojos y dificultar la regularización dominial, mientras que el Gobierno sostiene que la normativa vigente no logró resultados significativos en términos de titularización de tierras.
Sistema exprés de desalojos
La iniciativa también introduce un nuevo esquema de desalojos con plazos abreviados, que reduce de 10 a 3 días la intimación por falta de pago y establece un proceso más rápido para ejecutar la restitución del inmueble.
El procedimiento requerirá la presentación del título de propiedad como principal respaldo, lo que simplifica los requisitos actuales.
Cambios en la ley de Manejo del Fuego
El proyecto propone eliminar restricciones incorporadas en 2020 que impedían la venta de tierras incendiadas por hasta 60 años en zonas protegidas y limitaban su cambio de uso.
El Gobierno argumenta que estos plazos afectan el derecho de propiedad y no resultaron eficaces para la recuperación ambiental, mientras que sectores opositores advierten sobre riesgos en la protección de bosques, humedales y áreas productivas.
El proyecto de Ley de Propiedad Privada incluye la eliminación del límite de hectáreas para extranjeros, la reforma del régimen de barrios populares con restricciones a expropiaciones, la reducción de plazos para desalojos, la modificación de la ley de Manejo del Fuego y un esquema de controles focalizado en actores estatales extranjeros, en un contexto de negociación legislativa donde el oficialismo aún no reúne los votos necesarios.
La iniciativa se encamina a una negociación extensa en el Congreso, donde las diferencias entre el oficialismo y los bloques dialoguistas obligan a introducir cambios para avanzar, en un proyecto que impacta sobre propiedad de la tierra, política habitacional y regulación ambiental.
