El peronismo ingresa en una semana de máxima tensión, con los ojos puestos en la Corte Suprema, que podría ratificar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad.
La posibilidad de un fallo adverso, que se anuncia como "inminente", desató una reunión de urgencia convocada para hoy a las 15 en la sede del Partido Justicialista (PJ) en Matheu 130, Ciudad de Buenos Aires. El encuentro, inicialmente previsto en el Instituto Patria, reunirá a diputados, senadores, dirigentes y referentes sindicales del kirchnerismo para delinear una estrategia frente a un escenario que podría alterar el tablero político nacional.
El kirchnerismo denuncia un intento de "proscripción" contra su líder, quien confirmó su intención de competir en las elecciones legislativas del 7 de septiembre por la Tercera Sección electoral bonaerense. Fuentes cercanas a la expresidenta adelantaron que, de confirmarse la condena, se evalúa convocar una movilización popular para contrarrestar el impacto del fallo, que la enviaría a prisión domiciliaria —por tener más de 70 años— y la inhabilitaría para postularse.
"Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios. Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?", desafió Cristina el sábado en un acto en Corrientes, ironizando sobre las presiones judiciales en su contra.
La Corte Suprema, tras rechazar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti por cuestiones procesales, está en condiciones de resolver si abre los recursos de queja presentados por la defensa de Cristina y otros acusados o si los desestima mediante el artículo 280, lo que confirmaría de inmediato la condena de Casación.
En ese caso, el Tribunal Oral Federal 2 definiría la ejecución de la sentencia, incluyendo la prisión domiciliaria y la inhabilitación política de la titular del PJ. Este escenario no solo frustraría sus aspiraciones electorales, sino que reactivaría otras causas en su contra, como Los Sauces-Hotesur, por lavado de dinero, y una demanda civil por daños al Estado valuada en 85.000 millones de pesos, impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri y continuada por Javier Milei.
El reloj avanza inexorable. Con el cierre de listas en Buenos Aires fijado para el 19 de julio, Cristina apuesta a registrar su candidatura para obtener fueros que podrían blindarla frente a una detención. Sin embargo, la decisión de la Corte podría llegar antes, definiendo no solo su futuro político, sino también el rumbo del peronismo en un contexto de creciente polarización.
Mientras el PJ se prepara para resistir, el país observa un capítulo clave en la saga judicial que mantiene en vilo a una de las figuras más siniestras y oscuras de la política argentina.
