En una sesión extensa y cargada de tensión política, el Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y estableció que la edad de imputabilidad en Argentina baja de 16 a 14 años. La iniciativa fue aprobada con 44 votos a favor y 27 en contra, luego de más de siete horas de debate en el recinto.
Con la sanción definitiva, el Gobierno nacional logra avanzar con una de las reformas que había planteado como prioridad en materia de seguridad y justicia penal. El nuevo esquema modifica un régimen que llevaba décadas sin cambios estructurales y redefine el tratamiento judicial de adolescentes involucrados en delitos.
A partir de la entrada en vigencia de la ley, los jóvenes de 14 y 15 años podrán ser penalmente responsables por delitos. Hasta ahora, el sistema vigente establecía que solo eran imputables los mayores de 16 en determinados casos. La reforma introduce un marco normativo específico para adolescentes, con distintos tipos de sanciones y modalidades de cumplimiento.
El debate en el recinto estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos de sectores de la oposición, principalmente del peronismo, que advirtieron sobre el impacto social de la medida y plantearon dudas respecto a su efectividad para reducir el delito. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la iniciativa como una herramienta necesaria para enfrentar hechos graves cometidos por menores y dar respuesta a las víctimas.
Tras la votación, el presidente Javier Milei celebró públicamente la sanción y sostuvo que la reforma busca terminar con situaciones de impunidad. En la misma línea se expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien remarcó que la nueva ley fija reglas claras sobre la responsabilidad penal adolescente.
Desde el oficialismo argumentaron que el régimen anterior había quedado desactualizado frente a las transformaciones sociales y a nuevas modalidades delictivas. Según plantearon, la reforma apunta a equilibrar la protección de derechos de los menores con la necesidad de garantizar seguridad y justicia para las víctimas.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también se manifestó a favor de la norma y consideró que la aprobación marca un cambio en la política criminal. Por su parte, la exministra y actual senadora Patricia Bullrich respaldó el proyecto y sostuvo que el nuevo régimen pone el foco en la responsabilidad frente a delitos graves.
El texto aprobado contempla distintos tipos de medidas para adolescentes, que van desde sanciones socioeducativas hasta penas privativas de la libertad en casos de delitos de mayor gravedad. También establece pautas para el proceso judicial, con intervención de jueces especializados y equipos interdisciplinarios.
Uno de los ejes centrales de la discusión giró en torno a si la baja de la edad de imputabilidad impactará de manera directa en los índices de inseguridad. Mientras el oficialismo aseguró que la norma brinda herramientas concretas al sistema judicial, la oposición planteó que el problema requiere un abordaje integral que incluya políticas sociales, educativas y de prevención.
En provincias del norte argentino, donde el debate sobre seguridad suele ocupar un lugar central en la agenda pública, la sanción de la ley generó reacciones diversas. Abogados penalistas y especialistas en niñez coincidieron en que el desafío estará en la implementación y en la capacidad del Estado para garantizar estructuras adecuadas, como institutos especializados y programas de reinserción.
El nuevo Régimen Penal Juvenil se inscribe en un contexto de discusión más amplio sobre seguridad en Argentina, donde temas como la baja de la edad de imputabilidad, el endurecimiento de penas y la reforma del Código Penal suelen reaparecer frente a hechos de alto impacto social.
En términos jurídicos, la ley implica un cambio profundo en el paradigma vigente desde hace décadas. Hasta ahora, los menores de 16 años no podían ser responsabilizados penalmente, más allá de la intervención de organismos de protección de derechos. Con la modificación, el sistema incorpora un esquema que combina responsabilidad penal con criterios diferenciados respecto del régimen de adultos.
Durante el debate, varios senadores señalaron que la clave estará en cómo se reglamente la norma y en los recursos presupuestarios que se asignen para su aplicación. La creación o adecuación de espacios de detención, la formación de operadores judiciales especializados y la coordinación con áreas sociales serán puntos determinantes para el funcionamiento del nuevo sistema.
El Gobierno sostuvo que la reforma salda una deuda legislativa pendiente desde hace más de 40 años. Según su postura, el régimen anterior no respondía a la realidad actual y dejaba vacíos que, a su entender, debilitaban la respuesta del Estado frente a determinados delitos cometidos por adolescentes.
Del lado opositor, las críticas apuntaron a que la baja de la edad de imputabilidad no ataca las causas estructurales del delito juvenil y podría profundizar situaciones de vulnerabilidad. También se advirtió sobre el riesgo de saturar el sistema judicial y penitenciario si no se implementan políticas complementarias.
Más allá de las posiciones enfrentadas, la ley ya forma parte del nuevo escenario legal argentino. Su aplicación concreta comenzará a delinearse con la reglamentación y con las adecuaciones que cada jurisdicción deba realizar en sus sistemas judiciales.
La discusión sobre seguridad, responsabilidad penal adolescente y políticas públicas vuelve así al centro de la escena. Con la edad de imputabilidad fijada en 14 años, Argentina inicia una nueva etapa en materia de régimen penal juvenil, en medio de un debate que promete continuar tanto en el ámbito político como en la sociedad.
