El Gobierno nacional informó que en los últimos seis meses fueron expulsados del país 14 mil extranjeros que presentaban antecedentes penales, pedidos de captura, alertas internacionales o distintas irregularidades vinculadas con la normativa migratoria vigente.
La cifra fue dada a conocer por el Ministerio de Seguridad, que destacó el resultado de los controles implementados en fronteras, aeropuertos, puertos y otros puntos estratégicos de ingreso al territorio argentino. Según se indicó, las medidas forman parte de una política orientada a reforzar la seguridad y detectar situaciones que puedan representar un riesgo para el orden público o incumplimientos de las leyes migratorias.
Desde la cartera nacional señalaron que las expulsiones abarcan diferentes casos, entre ellos personas con condenas judiciales, individuos alcanzados por pedidos de captura nacionales e internacionales, extranjeros con alertas rojas emitidas por organismos de cooperación policial y personas que intentaron ingresar al país sin cumplir los requisitos legales establecidos.
Los datos difundidos muestran además un incremento respecto de los registros informados a comienzos de año. En los primeros meses de 2025 ya se habían reportado miles de procedimientos relacionados con expulsiones, inadmisiones, capturas y extradiciones. Ahora, el balance semestral refleja un crecimiento sostenido de esas acciones como consecuencia del fortalecimiento de los controles migratorios y de seguridad.
La estrategia oficial no se limita únicamente a los pasos fronterizos. Durante los últimos meses también se desarrollaron operativos de fiscalización en distintos puntos urbanos del país, con el objetivo de verificar documentación, detectar situaciones migratorias irregulares y prevenir actividades vinculadas con delitos económicos o comerciales.
Uno de los procedimientos más relevantes se realizó en una importante feria comercial del conurbano bonaerense. Allí, efectivos de fuerzas federales llevaron adelante tareas de identificación mediante tecnología biométrica portátil que permitió contrastar información en tiempo real con bases de datos nacionales.
Como resultado de esas verificaciones, fueron detectadas varias personas que no contaban con la documentación migratoria regularizada. En esos casos se iniciaron las actuaciones correspondientes para que los involucrados puedan normalizar su situación conforme a la legislación vigente.
Durante el mismo operativo también se identificaron irregularidades en distintos puestos de venta. Las inspecciones permitieron secuestrar mercadería presuntamente falsificada y dispositivos electrónicos que presentaban restricciones para su comercialización. La intervención derivó además en detenciones ordenadas por la Justicia Federal, que tomó intervención en la investigación.
Las autoridades sostienen que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas fue clave para mejorar la capacidad de control y acelerar los procesos de identificación. Los dispositivos biométricos utilizados permiten verificar datos personales en pocos segundos y cruzar información con registros oficiales, facilitando la detección de personas buscadas o con impedimentos legales.
Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo es garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y reforzar la seguridad en todo el territorio nacional. En ese marco, anticiparon que continuarán los operativos de control y fiscalización, tanto en los principales accesos al país como en diferentes puntos donde se considere necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad.
El balance difundido refleja una de las cifras más altas registradas en los últimos años en materia de expulsiones e inadmisiones, en un contexto de mayor control sobre el ingreso, permanencia y situación legal de ciudadanos extranjeros dentro de Argentina.
