El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces continuó este lunes con la lectura de las acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y los demás imputados. La investigación busca establecer si ambas empresas familiares fueron utilizadas para canalizar fondos presuntamente relacionados con irregularidades en contratos de obra pública.
El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Cristina Kirchner y Máximo participaron de manera virtual, una modalidad autorizada excepcionalmente. Deberán presentarse en persona cuando comiencen las declaraciones indagatorias.
Según la hipótesis fiscal, el presunto esquema habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La acusación plantea que funcionarios y empresarios habrían intervenido en operaciones comerciales, préstamos, alquileres y negocios inmobiliarios para disimular el origen de fondos vinculados con la obra pública.
Entre los empresarios mencionados en el expediente se encuentran Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, cuyas actividades comerciales forman parte de la investigación.
Uno de los ejes del caso es Hotesur, sociedad relacionada con la actividad hotelera y con establecimientos como Alto Calafate. La fiscalía investiga contrataciones y pagos efectuados por empresas vinculadas con Báez, bajo la sospecha de que algunas operaciones habrían generado ingresos sin una utilización efectiva de los servicios contratados.
El otro eje es Los Sauces, dedicada al negocio inmobiliario. En este caso, se analizan alquileres de propiedades a empresas relacionadas con Báez y con el Grupo Indalo, además de otras transacciones que, según la acusación, podrían haber servido para transferir dinero y otorgarle apariencia de legalidad.
Respecto de Cristina Kirchner, la fiscalía le atribuye un papel central en la presunta organización y sostiene que habría diseñado y dirigido el mecanismo investigado. A Máximo Kirchner, en tanto, lo señala como supuesto organizador de una asociación ilícita y remarca su participación en la conducción de la empresa familiar.
Los empresarios también deberán responder por las conductas que se les atribuyen en el expediente. Sin embargo, las acusaciones todavía deben ser examinadas durante el debate oral y no constituyen, por sí mismas, una determinación de culpabilidad.
La lectura del requerimiento fiscal continuará en las próximas audiencias. Debido a que el documento supera las 300 páginas, esta etapa inicial podría extenderse alrededor de diez días hábiles.
Una vez concluida la exposición de las acusaciones, el tribunal deberá evaluar las pruebas y los argumentos de las partes para establecer si los hechos investigados ocurrieron y qué responsabilidad penal corresponde a cada uno de los imputados.
